La Argentina le solicitó a la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Prezka, que reconsidere el pedido al país de entregar las comunicaciones realizadas a través de diferentes dispositivos electrónicos de funcionarios nacionales involucrados en el caso YPF.
Así lo reveló el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales, quien además adelantó que en caso de una negativa por parte de la magistrada, es posible que Argentina avance en una apelación de la medida.
A mediados del mes pasado, Preska le ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.
El pedido aclara que no se exige el teléfono completo ni el contenido total, sino que se llevarán a cabo búsquedas por palabras clave relevantes como “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, entre otras.
El objetivo de los demandantes (fondos Burford y Eton Park) es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones.
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El caso
El 15 de agosto, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos ordenó suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF dispuesta por la jueza Preska como garantía por una condena tras el proceso de estatización de 2012, y pocos días después la Justicia de Irlanda rechazó el pago de los US$16.000 millones solicitado por los demandantes Petersen y Eton Park.
La decisión de la corte garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación contra la sentencia de fondo del caso emitida en septiembre de 2023, que condena al país a pagar 16 mil millones de dólares más intereses.
El tribunal resolvió dejar sin efecto la entrega del 51% del paquete accionario de la petrolera estatal y de esta manera Argentina mantendrá el control de la empresa, que la jueza Preska había ordenado entregar en junio pasado ante la falta de pago de los US$ 16.100 millones, en concepto de deuda por la estatización de la compañía en 2012.
Los fondos beneficiarios del fallo habían adelantado que, de recibir las acciones —algo imposible que ocurra— las mantendrán en en cuenta del BoNY. Como el fallo fue favorable a Argentina, las acciones vuelven a Caja de Valores.
La decisión de la Justicia irlandesa hace referencia al fallo que había tomado la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde condenó a la República a pagar más de US$16.000 millones, más intereses, a los demandantes en el caso YPF, que buscaban el “reconocimiento y ejecución” de la sentencia dictada por la corte neoyorquina.
“Tanto Petersen como Eton Park han promovido acciones similares en otras jurisdicciones extranjeras. Por eso, la decisión irlandesa constituye la primera resolución en el marco de estos intentos de ejecución internacional y representa un precedente favorable para la República Argentina”, indicó el comunicado de la PTN.
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