Con la presentación de los sus argumentos en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Argentina completó los requerimientos para evitar entregar el 51% de las acciones de YPF en forma de garantía por una deuda de 16 mil millones de dólares con fondos buitres producto de la estatización de la empresa en 2012. También los acreedores presentaron su descargo y ahora resta esperar la definición de la justicia.
El 30 de junio, la jueza Loretta Preska ordenó que Argentina debía entregar el 51% de las acciones de YPF como garantía de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera, pero el gobierno nacional, con Javier Milei a la cabeza apeló la medida y logró su suspensión. Ahora ambas partes completaron la documentación necesaria para definir esta parte del litigio, de entrega del paquete accionario, y avanzar hacía la definición del pago.
Argentina enfrenta en Estados Unidos un proceso legal impulsado por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio de un grupo de accionistas minoritarios que no fueron compensados tras la nacionalización de YPF y en 2023 obtuvieron una sentencia favorable por 16.1000 millones de dólares, que el país aún no pago y apeló.
Eso derivó en el fallo de Preska de entrega de acciones y esta semana ambas partes presentaron sus argumentos. El fondo Burford Capital cuestionó al gobierno de Estados Unidos por apoyar legalmente a la Argentina, como Amicus Curiae en la suspensión de la entrega de acciones de la petrolera y reclamaron el pago de la deuda de 16.100 millones de dólares.
Argentina presentó su descargo ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York y remarcó que “ejecutar la orden de entrega de las acciones (mientras se apela) causaría un daño irreparableal país, ya que sería prácticamente imposible revertirla una vez concretada”. Además, los abogados que representar al estado señalaron que si su pedido es rechazado irán de manera urgente ante la Corte Suprema de EE.UU.
También cuestionaron a la jueza Preska por entender que “resolvió una cuestión jurídica contra del criterio del gobierno de los Estados Unidos y de todos los demás tribunales que han abordado esta misma cuestión”.
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“Permitir que la orden se ejecute sin suspensión podría desatar un conflicto diplomático significativo, con implicancias sensibles en materia de política exterior”, añadieron los argumentos, según resumió Sebastián Maril, de Latam Advisors.
Ahora hay tres caminos posibles:
1. Que la Corte de Apelaciones de Nueva York falle que Argentina puede apelar la deuda sin necesidad de entregar acciones de YPF. Esto devuelve el caso a la jueza Loretta Preska, para que ordene al país depositar una garantía que no sean las acciones de YPF.
2. Que la Corte de Apelaciones rechace el pedido de Argentina de suspender fallo que obliga al país entregar acciones YPF.
3. Que la Corte de Apelaciones suspende el fallo de la Juez Loretta Preska. De esta manera, Argentina podrá apelar sin necesidad de entregar las acciones de YPF.
Sebastián Maril, experto en litigio internacionales, explicó en su cuenta de X que todas las alternativas "pueden venir acompañadas de un compromiso de los tres jueces de 'apurar' los fallos en la apelación por la entrega de las acciones y en la apelación primaria (fallo de los USD 16.100 millones)".
El caso entre Argentina y el fondo Burford Capital tiene pendientes cuatro apelaciones:
- La apelación madre, presentada en octubre de 2023, que cuestiona la validez de una década de fallos adversos para la Argentina.
- Una apelación impulsada por una ONG, que pide la nulidad de todos los juicios por supuesta corrupción en la expropiación, un planteo que ya había hecho sin éxito el gobierno de Mauricio Macri.
- La apelación específica sobre la entrega de acciones de YPF como garantía.
- Una apelación presentada por un fondo acreedor de la época de los juicios con el juez Thomas Griesa, que también reclama la posesión de las acciones de la petrolera nacional.
