La cuenta regresiva corre con un ritmo implacable. A solo días de una audiencia judicial crucial en Nueva York, el fondo de litigios Burford Capital, principal beneficiario del juicio por la expropiación de YPF, expresó que urge la necesidad de sentarse a negociar. El reclamo se da en el contexto de una condena que ya asciende a la cifra astronómica de 16.000 millones de dólares, una espada de Damocles que pende sobre las finanzas del país.
La presión aumenta antes de que el proceso entre en una nueva fase determinante en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Burford, que adquirió el derecho a litigar de los antiguos accionistas minoritarios de YPF expropiada en 2012, emitió una comunicación para revisar el estado del caso. En ella, pintó un panorama de marcada incertidumbre y "riesgos sustanciales" para el país sudamericano.
El fondo británico advirtió que el litigio conlleva riesgos significativos de imprevisibilidad hasta su resolución definitiva, incluyendo el riesgo de pérdida total. Los peligros no se limitan a la apelación actual. Además menciona futuras actuaciones en tribunales de Estados Unidos y el exterior, nuevas apelaciones y complejos procedimientos de ejecución, elementos que podrían extender la causa, según sus propias estimaciones, hasta bien entrado el año 2027. Esta advertencia subraya la necesidad inminente de una solución que evite el calvario judicial y sus costos asociados.
La recomendación a negociar no llegó de forma ingenua. El fondo aprovechó la oportunidad para enviar una clara señal de apertura al diálogo con el Gobierno. Afirmó que, históricamente, las controversias judiciales suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe total de las sentencias. Si bien Burford aclaró que, en caso de conversaciones para un acuerdo, "no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión", la declaración en sí misma funciona como una invitación formal para destrabar el conflicto fuera de la arena judicial.
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El 29 de octubre
El foco de la atención se centra en la audiencia del próximo 29 de octubre, un momento que se perfila como determinante en la apelación principal. Ese día, Argentina tendrá apenas media hora para exponer sus argumentos ante la Corte de Apelaciones y solicitar la anulación de la condena de primera instancia, dictada por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023. La apelación es fundamental para el gobierno argentino, que cuestiona no solo el fondo de la sentencia sino también el cuantioso monto fijado.
La contraparte, los demandantes, disponen de diez minutos para su propia apelación, a lo que se suman otros diez para la apelación cruzada condicional presentada por YPF. Es importante destacar que Burford mantiene una apelación propia sobre la decisión de la jueza Preska de excluir a YPF del juicio hace dos años. El panel de tres jueces que integrará el tribunal se anunciará formalmente el jueves, aumentando la expectación sobre el cuerpo judicial que definirá el futuro inmediato de la causa.
Burford estimó que la resolución de esta instancia podría demorar entre varios meses y hasta un año. Destacó que no hay plazos fijos para la publicación de los fallos, lo que prolonga la incertidumbre sobre el desenlace del caso.
Ejecuciones y la urgencia de un acuerdo
Mientras la apelación avanza, la situación legal de la Argentina se complica en múltiples frentes. El país enfrenta ya numerosos procesos de ejecución por la falta de cumplimiento del fallo, trámites que se desarrollan activamente tanto en Estados Unidos como en otros países. La presión escaló cuando el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York declaró el fallo como ejecutable desde enero de 2024.
Además, la Justicia estadounidense ordenó a la Argentina entregar documentos sensibles vinculados a YPF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales. Esta medida expone activos y genera un panorama de vulnerabilidad que Burford busca aprovechar con su llamado a la sensatez financiera y jurídica.
La propuesta de negociación llega en un momento crucial, justo cuando la pelota queda en el tejado de la Corte de Apelaciones. El bufete británico urgió a la Argentina a considerar seriamente la mesa de diálogo para evitar un pago potencialmente ruinoso y la prolongación de un litigio que, además de los riesgos inherentes, implica costos operativos y políticos inmensos. El futuro de la petrolera de bandera y miles de millones de dólares se dirime, una vez más, en las cortes de Nueva York.
