La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino proporcionar información sobre activos en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Este fallo inicial obliga al país a indemnizar a los demandantes con un monto de 16.100 millones de dólares.
Entre los activos solicitados, se incluye información sobre las reservas de oro del Banco Central. En mayo de 2023, la jueza Preska había determinado que YPF y el Banco Central podrían ser considerados “alter ego” del Estado argentino. Como consecuencia, se ordenó a Argentina entregar información financiera de los últimos dos años para analizar la relación entre estas entidades y el gobierno nacional.
El pedido se realiza mientras se llevan a cabo negociaciones entre Argentina y los demandantes. Estos últimos buscan cobrar la indemnización dictaminada por la jueza, mientras el Estado local intenta avanzar con una apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.
Los demandantes, entre los que se encuentran los fondos Burford Capital y Eton Park, solicitaron desde marzo de 2023 detalles sobre la vinculación entre el Estado argentino y diversas entidades estatales. Entre estas se incluyen Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat, Enarsa y el Banco Central. En respuesta, Argentina viene planteando que cierta información requerida no resulta relevante para el proceso, postura que fue cuestionada por los fondos involucrados, dejando en manos de la jueza la decisión final sobre su pertinencia.
Preska expresó su malestar ante la demora en la entrega de documentos. En una audiencia, señaló que el tiempo y los recursos destinados a debatir sobre esta información superan los necesarios para entregarla. Los demandantes también han requerido detalles específicos, como registros de transferencias internacionales, cuentas soberanas y operaciones realizadas a través de bancos en Estados Unidos y Argentina. Esto incluye datos sobre mensajes SWIFT que podrían identificar pagos relacionados con nuestro país.
En una etapa anterior del proceso, la jueza había concedido a Argentina la posibilidad de evitar embargos mediante el cumplimiento de una garantía de pago. Esta consistía en ofrecer un tercio de las acciones de YPF o un crédito asociado a la construcción de la represa Yacyretá. Sin embargo, ambas opciones fueron consideradas inviables debido a las restricciones legales, como la necesidad de aprobación parlamentaria para la venta de acciones de YPF.
La disputa por la expropiación de YPF se remonta a 2012, cuando el Estado argentino declaró de interés público el 51% de las acciones de la compañía. En ese momento, Repsol poseía el 57,5% de las acciones, Petersen un 25,5% y un 17% restante estaba en manos de inversores minoritarios, incluido Eton Park con el 3%. Posteriormente, en 2014, el gobierno completó la expropiación tras acordar el pago de 5.000 millones de dólares en bonos soberanos a Repsol.
En 2015, Petersen, que había vendido sus reclamos a Burford Capital tras declararse en quiebra, presentó una demanda contra el Estado e YPF por incumplimiento de contrato y otras obligaciones vinculadas a la expropiación. Ese mismo año, Eton Park inició una acción legal similar. En mayo de 2023, la jueza Preska dictaminó que el Estado argentino era responsable, aunque eximió a YPF de obligaciones relacionadas.
El fallo también establece que los demandantes intenten demostrar que entidades como Banco Nación, Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas pueden ser consideradas “alter ego” del Estado. Esto permitiría avanzar en el cobro anticipado de la sentencia, a pesar de que el proceso de apelación aún está en curso.
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En febrero de 2024, el Estado presentó los fundamentos de su apelación en la Corte de Apelaciones. Para septiembre de ese año, las partes involucradas completaron los últimos escritos, quedando a la espera de una audiencia. Mientras tanto, los fondos continúan presionando para asegurar el cobro del fallo.
El desenlace del caso tendrá implicancias significativas para los activos argentinos en el exterior, así como para las negociaciones futuras relacionadas con el cumplimiento de obligaciones internacionales.
