El 30 de junio, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que Argentina debía entregar el 51% de las acciones de YPF como garantía de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. El gobierno nacional, con Javier Milei a la cabeza y vestido casi a diario con el mameluco de la empresa estatal —con la camiseta puesta, literalmente—, apeló la medida y logró su suspensión. Sin embargo, el caso continúa, y el litigio es mucho más complejo que una simple disputa sobre la masa accionaria de la compañía.
Argentina enfrenta en Estados Unidos un proceso legal impulsado por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio de un grupo de accionistas minoritarios que no fueron compensados tras la nacionalización de YPF. Burford —y en menor medida Eton Park— continuó el proceso judicial iniciado en 2015, reclamando inicialmente 15 millones de dólares. Recién en 2023 se dictó una sentencia adversa para la Argentina.
Preska falló a favor de los fondos buitres y determinó que el país debía pagar 16.100 millones de dólares, con intereses incluidos. Sin embargo, el fallo no involucró directamente a YPF como parte del litigio.
La trama
Tras la sentencia, Argentina presentó diversas apelaciones. La última, en octubre de 2023, cuestiona de fondo todo el proceso judicial y plantea la necesidad de revisar los fallos emitidos en la última década.
Mientras esa apelación clave sigue pendiente, Preska ordenó que Argentina deposite el 51% de las acciones de YPF como garantía de pago, lo que reactivó un caso que dormía una siesta judicial en Nueva York.
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El gobierno actuó con rapidez y logró suspender la medida gracias a una resolución de un tribunal de apelaciones, que estableció que ambas partes deberán presentar sus escritos antes de que la jueza tome una nueva decisión.
En paralelo, el gobierno de Milei denunció filtraciones en la estrategia judicial elaborada por la Procuración del Tesoro, dependiente del Ministerio de Justicia. Según indicaron, los demandantes tenían acceso anticipado a los argumentos de la defensa argentina. Como consecuencia, fueron despedidas unas 60 personas del área.
En un giro inesperado, Donald Trump se presentó como amicus curiae en apoyo al gobierno argentino, sumándose a los esfuerzos para evitar la entrega de las acciones de YPF como garantía.
A pesar de que Preska pidió el paquete accionario como respaldo, los propios beneficiarios del fallo informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera como forma de cobro. Sin embargo, sí exigen que Argentina deposite algún tipo de garantía.
Lo que viene
Actualmente, quedan cuatro apelaciones pendientes por resolver:
- La apelación madre, presentada en octubre de 2023, que cuestiona la validez de una década de fallos adversos para la Argentina.
- Una apelación impulsada por una ONG, que pide la nulidad de todos los juicios por supuesta corrupción en la expropiación, un planteo que ya había hecho sin éxito el gobierno de Mauricio Macri.
- La apelación específica sobre la entrega de acciones de YPF como garantía.
- Una apelación presentada por un fondo acreedor de la época de los juicios con el juez Thomas Griesa, que también reclama la posesión de las acciones de la petrolera nacional.
