En febrero, el país comenzará a proporcionar información sobre las reservas de oro y otros activos del Banco Central, como parte del juicio por la expropiación de YPF. Este proceso, que concluirá a mediados de marzo, se lleva a cabo en cumplimiento de una orden emitida por Loretta Preska, jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El cronograma establecido inicia el 7 de febrero y se extenderá hasta el 14 de marzo. La medida responde a un reclamo de Burford Capital, un fondo de inversión que obtuvo un fallo favorable en este caso. Burford Capital busca cobrar una condena por 16.000 millones de dólares, incluyendo intereses acumulados durante los últimos 16 meses que superan los 1.000 millones de dólares. El fondo presiona para avanzar sobre activos institucionales argentinos, como los administrados por el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación y YPF.
Te puede interesar
Según explicó el analista de Latam Advisor, Sebastián Maril, el objetivo del pedido es identificar activos en el exterior que puedan ser objeto de embargos. Entre los bienes solicitados figuran las reservas de oro y cuentas bancarias. Sin embargo, existen restricciones legales: los activos utilizados exclusivamente con fines diplomáticos o no comerciales no son embargables. En caso de que el oro o las cuentas bancarias hayan sido empleadas con propósitos comerciales, estos sí podrían quedar sujetos a medidas judiciales.
Maril ejemplificó que, si el oro argentino se usó como garantía en el reciente acuerdo Repo firmado con bancos internacionales para obtener 1.000 millones de dólares y reforzar reservas, podría ser considerado embargable.
La información que entregue Argentina permitirá a los beneficiarios del fallo analizar y elaborar un listado de bienes que, a su criterio, pueden ser embargados. Finalmente, será la jueza Preska quien decidirá sobre qué activos avanzar en caso de que se concrete un embargo.
Este proceso marca un nuevo capítulo en el largo litigio por la expropiación de YPF, que derivó en una de las demandas más costosas para el Estado argentino en tribunales internacionales.
El conflicto
La disputa por la expropiación de YPF se remonta a 2012, cuando el Estado argentino declaró de interés público el 51% de las acciones de la compañía. En ese momento, Repsol poseía el 57,5% de las acciones, Petersen un 25,5% y un 17% restante estaba en manos de inversores minoritarios, incluido Eton Park con el 3%. Posteriormente, en 2014, el gobierno completó la expropiación tras acordar el pago de 5.000 millones de dólares en bonos soberanos a Repsol.
En 2015, Petersen, que había vendido sus reclamos a Burford Capital tras declararse en quiebra, presentó una demanda contra el Estado e YPF por incumplimiento de contrato y otras obligaciones vinculadas a la expropiación. Ese mismo año, Eton Park inició una acción legal similar. En mayo de 2023, la jueza Preska dictaminó que el Estado argentino era responsable, aunque eximió a YPF de obligaciones relacionadas.
El fallo también establece que los demandantes intenten demostrar que entidades como Banco Nación, Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas pueden ser consideradas “alter ego” del Estado. Esto permitiría avanzar en el cobro anticipado de la sentencia, a pesar de que el proceso de apelación aún está en curso.
En febrero de 2024, el Estado presentó los fundamentos de su apelación en la Corte de Apelaciones. Para septiembre de ese año, las partes involucradas completaron los últimos escritos, quedando a la espera de una audiencia. Mientras tanto, los fondos continúan presionando para asegurar el cobro del fallo.
