Diez años después de iniciada la causa, este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York debe resolver la orden de la jueza Loretta Preska, de entrega del 51% de las acciones de YPF en forma de garantía por la expropiación en 2012, en la que no pagó a los accionistas minoritarios.
Argentina enfrenta en Estados Unidos un proceso legal impulsado por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio de un grupo de accionistas minoritarios que no fueron compensados tras la nacionalización de YPF y en 2023 obtuvieron una sentencia favorable por 16.1000 millones de dólares, que el país aún no pago y apeló.
Eso derivó en el fallo de Preska de entrega de acciones y esta semana ambas partes presentaron sus argumentos. El fondo Burford Capital cuestionó al gobierno de Estados Unidos por apoyar legalmente a la Argentina, como Amicus Curiae en la suspensión de la entrega de acciones de la petrolera y reclamaron el pago de la deuda de 16.100 millones de dólares.
En su descargo, Argentina argumentó ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York que “ejecutar la orden de entrega de las acciones (mientras se apela) causaría un daño irreparableal país, ya que sería prácticamente imposible revertirla una vez concretada”. Además, los abogados que representar al estado señalaron que si su pedido es rechazado irán de manera urgente ante la Corte Suprema de EE.UU.
Existen tres posibilidades:
- - Que se le conceda a la Argentina continuar la medida cautelar que suspende el traspaso de las acciones. La jueza Preska, encargada del caso, determinó en junio pasado que el juicio de US$ 16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.
- - Que la Corte niegue la cautelar presentada por el Estado y, por lo tanto, Preska pida la ejecución de las acciones. Ya el financista de los demandantes, Burford Capital, anticipó que no liquidará ese pago, como “acto de buena fe”.
- - Que la Corte conceda la medida en suspenso, pero entienda que pagar con acciones es casi imposible para la Argentina. En este caso puede definir que el Gobierno ponga a cambio otros activos que representen las acciones de YPF, por ejemplo bonos de mediano o largo plazo.
Si la Corte de Apelaciones mantiene en suspenso la orden de la jueza Preska de entregar el 51% de acciones de YPF como pago del juicio, habrá otra instancia en la que se definirá sobre esa orden en sí.
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Si la Corte no concede la suspensión total del traspaso de las acciones, es decir, se define por cualquiera de las otras dos opciones, se abren dos caminos: Llegar a un acuerdo con los acreedores o imcumplir el fallo, lo que implica el riesgo de entrar en desacato y sufrir el embargo de reservas del Banco Central (BCRA), intervenir para que el país no pueda salir a los mercados de capitales o que se le embarguen activos a YPF.
El caso entre Argentina y el fondo Burford Capital tiene pendientes cuatro apelaciones:
Una apelación presentada por un fondo acreedor de la época de los juicios con el juez Thomas Griesa, que también reclama la posesión de las acciones de la petrolera nacional.
La apelación madre, presentada en octubre de 2023, que cuestiona la validez de una década de fallos adversos para la Argentina.
Una apelación impulsada por una ONG, que pide la nulidad de todos los juicios por supuesta corrupción en la expropiación, un planteo que ya había hecho sin éxito el gobierno de Mauricio Macri.
La apelación específica sobre la entrega de acciones de YPF como garantía.
