No solo el gobierno de Estados Unidos dio su apoyo a Argentina en la causa YPF, también las provincias petroleras se sumaron, lo hicieron otros 12 países y ahora la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, AmCham, se presentó como amicus curiae en defensa de la petrolera estatal y de los intereses del Estado argentino ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU.
Un apoyo más que se suma en el litigio que el estado nacional lleva contra un grupo de fondos buitres, Burford Capital Ltd y Eton Park, que compraron la representación de un grupo minoritario de exaccionistas de YPF, que no cobró el monto de su participación tras la estatización de la compañía en 2013, como si lo hizo Repsol.
Los exaccionistas reclaman una suma de dinero, que desde el gobierno argentino aceptaron negociar, pero que los fondos buitres llevaron hasta los 16.100 millones, sumando intereses, y ahora la justicia de Estados Unidos decidió que a modo de garantía del pago deben entregarse el 51% de las acciones de la empresa.
Con su apoyo, el objetivo de AmCham es evitar un riesgo para la estabilidad económica argentina tal como lo expresa esta declaración de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina. La cámara actúa en Argentina en representación de más de 700 empresas que emplean directamente a 420.000 personas y representan 42 rubros de la actividad económica.
En un comunicado explicaron que esta decisión se basa en el respaldo irrestricto a la República Argentina en particular por los efectos negativos del fallo, dado que:
- - Obliga a la Argentina a violar su propia legislación nacional.
- - Debilita el Estado de derecho y la previsibilidad, condiciones esenciales para las inversiones
extranjeras. La sentencia puede desestabilizar la economía argentina. - - Genera un riesgo inédito para empresas argentinas y estadounidenses que operan en ambos países.
Además explicaron que se presentan por:
1. Defensa de la soberanía y el Estado de derecho
El fallo obliga a la Argentina a violar su propia ley (Ley 26.741), que prohíbe transferir las acciones estatales de YPF sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional.
Exige que un país modifique o quebrante su legislación interna lo que atenta contra su soberanía y desconoce los principios de la cortesía internacional.
Además, la medida expone a funcionarios argentinos a eventuales sanciones penales por cumplir con una orden judicial extranjera contraria a la ley local.
2. Riesgo para la estabilidad económica
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YPF es estratégica para la economía argentina: genera más del 1,5 % del PBI, produce seis de cada diez litros de combustible y es el principal exportador de petróleo del país.
Un traspaso forzado del control accionario podría desencadenar incumplimientos contractuales (default), comprometer al sector energético y desestabilizar el proceso de recuperación económica nacional.
La decisión, además, contradice los esfuerzos del propio gobierno de EE.UU., que recientemente expresó su apoyo a la estabilización macroeconómica de la Argentina.
3. Impacto negativo en el comercio bilateral
El fallo crea un precedente riesgoso al reinterpretar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), al permitir ejecutar activos de un Estado extranjero ubicados fuera de EE.UU.
Esta interpretación genera incertidumbre jurídica para empresas argentinas con operaciones en EE.UU. y para compañías estadounidenses que invierten en Argentina, debilitando el marco de confianza mutua.
La medida desalienta la inversión y el comercio bilateral, pilares del trabajo de AmCham desde hace más de 107 años de historia fortaleciendo el vínculo entre ambos países.
Creemos en el potencial inmenso de la Argentina: un país que, con instituciones sólidas e íntegras, puede transformarse en un referente de competitividad y desarrollo sostenible, capaz de generar oportunidades reales para todos sus ciudadanos.
Sectores como la energía, la minería, la agroindustria y la economía del conocimiento tienen la fuerza para impulsar el crecimiento, la innovación y la inclusión social.
Desde AmCham Argentina trabajamos hace más de un siglo como puente entre el sector privado, la sociedad y los gobiernos, impulsando la cooperación público-privada y defendiendo reglas claras que fomenten la inversión, el empleo y el progreso compartido.
Apostar al fortalecimiento institucional es apostar al futuro: un país competitivo, previsible, capaz de aprovechar sus oportunidades y brindar a las próximas generaciones una Argentina más próspera, equitativa y abierta al mundo.
