"La música no puede avanzar sin los silencios", esa frase que explica como las notas que no se tocan son tan importantes como las que sí en cualquier pieza musical, sirve para explicar la realidad del Caso YPF y fundamentalmente el rol de los gobernadores petroleros, los que tienen las acciones más importantes en el directorio de la empresa estatal.
En los últimos días la causa tuvo algunos avances. Argentina inició el proceso de apelación del fallo que la obliga a pagar con el 51% de las acciones de la compañía la sentencia condenatoria por US$ 16.000 millones por la nacionalización de la empresa, luego de que un grupo de accionistas minoritarias comenzarán el reclamo, derechos que finalmente vendieron a los fondos buitres Burford Capital y Eton Park.
Los representantes legales del país basaron sus argumentos en que la justicia de Estados Unidos no puede obligar a un país soberano repatriar sus activos ubicados en el exterior, que la juez Loretta Preska aplicó erróneamente la Ley del Estado de NY sobre el trato de estos activos ubicados en el exterior y utilizó la Ley de Inmunidad Soberana como protección para que el país no se vea obligado a entregar las acciones de YPF, y finalmente en que el fallo invoca las relaciones diplomáticas entre dos naciones amigas y las consecuencias diplomáticas de obligar al país entregar sus activos.
En la causa el gobierno de los Estados Unidos se presentó como amicus curiae de la Argentina y argumentó que la orden del tribunal de transferir acciones de YPF por parte del Estado argentino, aún cuando esas acciones estén fuera del territorio estadounidense, podría vulnerar los límites legales de ejecución de bienes de estados extranjeros que establece la FSIA.
Además, consideró que ese tipo de decisiones podrían tener ramificaciones negativas en las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus bienes o activos ante cortes en otros países y añadió que, si Argentina cumple la orden de entregar las acciones sin que la apelación del fallo primario esté decidida, podría sufrir un daño irreparable: incluso si luego consigue un fallo favorable, podría perder la posibilidad de recuperar esas acciones entregadas.
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La causa seguirá con los plazos legales y se estima que la definición de este proceso podría darse en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, hay instancias previas que podrían modificar el rumbo del caso. El silencio del gobierno nacional sobre el caso es llamativo, pero los que tiene que hablar son los representantes legales y su paso no tiene pausas.
Provincias unidas
Al mismo tiempo, los gobernadores petroleros, representantes de las provincias que tienen actividad de hidrocarburos y, por ende, tienen las acciones más importantes dentro del directorio de YPF comenzaron a mostrar los dientes en defensa de la empresa ante la decisión de la justicia de los Estados Unidos de avanzar sobre su capital.
Los mandatarios de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chubut, Ignacio Torres; y de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvieron encuentros y reuniones y trabajan en una estrategia conjunta para presentarse ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el fin de promover una investigación sobre las condiciones de la compra de acciones por parte del Grupo Petersen, que habría escondido maniobras de carácter fraudulento.
Hasta acá, la causa iba por las vías civiles y comerciales, con este movimiento de los gobernadores el caso llegaría al terreno penal norteamericano, que si tomar curso y se abre el expediente podría suspender el proceso civil que instruye la jueza Loretta Preska.
Las dos voces que faltan en el coro de los mandatarios provinciales es la de los dos principales actores: Neuquén y Rio Negro. Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, que juegan al silencio. No decir, también es no oponerse y por el momento la posibilidad de que los dos grandes actores de Vaca Muerta se suman al reclamo está abierta.
Conocen el reclamo, mantuvieron conversaciones sobre el tema con Cornejo, Torres y Vidal, pero no definieron si se sumarán a la cruzada. El hermetismo incomoda, pero el tiempo dará la respuesta sobre la solidez del grupo y del reclamo penal. Dejando de lado las diferentes políticas, YPF cuenta con unanimidad en los diferentes gobiernos que enfrentaron la causa y en las actuales mandatarios de los diferentes distritos.
La causa
Argentina enfrenta una causa por el no pago de las acciones a los accionistas minoritarios durante el procesos de estatización de la compañía en 2012, mediante una ley en el Congreso. Solo Repsol, dueña del 51% de las acciones, llegó a un acuerdo. Ante esta situación algunos tenedores vendieron sus derecho de reclamo a fondos buitres que desde hace más de una década mantiene un litigio.
El viernes, se rechazó en Estados Unidos la entrega de acciones a modo de garantía como parte de la deuda y se autorizó la participación como amicus del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había apoyado la posición argentina.
Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación contra la sentencia de fondo del caso emitida en septiembre de 2023, que condena al país a pagar 16 mil millones de dólares más intereses.
El tribunal resolvió dejar sin efecto la entrega del 51% del paquete accionario de la petrolera estatal y de esta manera Argentina mantendrá el control de la empresa, que la jueza Preska había ordenado entregar en junio pasado ante la falta de pago de los US$ 16.100 millones, en concepto de deuda por la estatización de la compañía en 2012.
