El Caso YPF, que comenzó con la falta de pago a un grupo de accionista menores durante la nacionalización de la empresa y siguió con una serie de eventos judiciales diversos, sumó un nuevo capitulo. Los beneficiarios del fallo de US$ 16.100 millones presentarán el próximo jueves, ante la jueza Loretta Preska, un escrito formal solicitando que se declare al Estado argentino en desacato y se le apliquen sanciones económicas.
“Estás presentaciones resultan del supuesto (repito) supuesto incumplimiento del país de una orden que lo obliga a presentar los WhatsApp y servicios de mensajería similares de ciertos funcionarios públicos. Ya lo han hecho la gran mayoría, pero, al 12 de enero, restan 6 que no”, señaló el especialista Sebastián Maril a través de su cuenta en X.
“Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados. La gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”, indicaron voceros oficiales a la agencia Noticias Argentinas.
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El próximo 19 de febrero el gobierno argentino deberá a la presentación de su escrito de defensa e intentar frenar, una vez más, la aplicación de multas.
La causa
Argentina enfrenta una causa por el no pago de las acciones a los accionistas minoritarios durante el procesos de estatización de la compañía en 2012, mediante una ley en el Congreso. Solo Repsol, dueña del 51% de las acciones, llegó a un acuerdo. Ante esta situación algunos tenedores vendieron sus derecho de reclamo a fondos buitres que desde hace más de una década mantiene un litigio.
Escenarios posibles
En caso de que la Cámara de Apelaciones mantenga la sentencia a la Argentina solo le quedará presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otra opción es que reduzca el monto resarcitorio y la más improbable que rechace el fallo de Preska. En cualquiera de los tres escenarios lo que se discutirá es la validez de la sentencia y el monto, pero no así la forma en la que se debe pagar.
Preska determinó que una de las formas para cumplir con la sentencia es la entrega de acciones de la empresa, a modo de garantía. Pero esta decisión también fue apelada y corre por otro carril dentro de la justicia de los Estados Unidos.
Entre las diferentes aristas que tiene el litigio que ya lleva más de una década recorriendo los tribunales de Estados Unidos aparece la intención de los beneficiarios de buscar activos argentinos en el mundo para activar embargos y poder cobrar su acreencia.
Mientras la apelación avanza, Argentina enfrenta ya numerosos procesos de ejecución por la falta de cumplimiento del fallo, trámites que se desarrollan activamente tanto en Estados Unidos como en otros países. La presión escaló cuando el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York declaró el fallo como ejecutable desde enero de 2024.
