El litigio por la expropiación de YPF sumó un capítulo más de alta tensión en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York. Ante la jueza Loretta Preska, la República Argentina y los beneficiarios del fallo de u$s16.100 millones, liderados por el fondo Burford Capital, protagonizaron un duro cruce técnico y político. El eje de la controversia gira en torno al proceso de discovery (etapa de exhibición de pruebas) y las pretensiones de los demandantes de ejecutar activos soberanos para cobrar la millonaria sentencia.
¿Qué es el "discovery" y por qué desata una batalla legal?
En el sistema judicial estadounidense, el discovery constituye una fase donde las partes intercambian documentación y pruebas para identificar activos ejecutables. En este caso particular, Burford Capital utiliza esta herramienta para rastrear bienes del Estado argentino en el exterior que no posean inmunidad diplomática o comercial específica.
Los demandantes solicitaron el discovery con el objetivo de presionar al país mediante la identificación de activos que funcionen como garantía o "pago" ante la falta de un depósito de fianza. Sin embargo, la defensa argentina solicitó formalmente la suspensión total de esta etapa. El argumento oficial sostiene que Burford incurre en un "hostigamiento sistemático" mediante pedidos intrusivos que vulneran la soberanía nacional y exceden los límites razonables de un litigio comercial.
El conflicto por el oro del Banco Central
Uno de los puntos de mayor fricción durante la última semana involucra el pedido de Burford para obtener detalles precisos sobre la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central (BCRA). El fondo busca determinar si estas tenencias califican como activos comerciales susceptibles de embargo.
Argentina rechazó de plano este requerimiento. La Procuración del Tesoro de la Nación fundamenta su negativa en dos pilares:
- Independencia del BCRA: El Tesoro Nacional no posee acceso directo a esta información por tratarse de una entidad autónoma.
- Inmunidad Soberana: El derecho internacional protege los activos de los bancos centrales de otros estados.
Fuentes de la defensa comparan la situación con una hipotética demanda contra el Tesoro de Estados Unidos donde se exija a la Reserva Federal revelar la ubicación exacta de sus tenencias de oro para un privado. Según la postura argentina, ceder ante este pedido sentaría un precedente peligroso para cualquier nación soberana en tribunales extranjeros.
Entrega de documentos y la amenaza del "desacato"
Pese al pedido de suspensión, la Argentina ya aportó una cantidad voluminosa de material. Hasta el momento, el país entregó más de 115.000 páginas de documentos al tribunal de Preska. No obstante, Burford Capital reclama información adicional, incluyendo comunicaciones privadas de altos funcionarios y detalles de movimientos financieros de empresas estatales.
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Ante la resistencia argentina a entregar datos sobre el oro y otros activos protegidos, los demandantes solicitaron a la jueza la declaración de "desacato" contra el país. Esta figura legal conlleva sanciones económicas y procesales severas. La defensa argentina califica este pedido como una medida de presión desproporcionada contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos.
Cronograma y próximos pasos procesales
La audiencia de este jueves permitió monitorear el avance del proceso, pero no arrojó una sentencia definitiva sobre las sanciones. El calendario judicial marca fechas críticas para febrero de 2026:
- 6 de febrero: Vence el plazo para que Burford Capital responda formalmente al pedido de suspensión del discovery presentado por Argentina.
- 10 de febrero: La defensa nacional presentará su réplica técnica.
- 19 de febrero: Argentina expondrá sus argumentos finales para rechazar el pedido de desacato y las sanciones económicas.
Tras estas presentaciones, la jueza Preska quedará en condiciones de resolver si frena el proceso de búsqueda de activos o si, por el contrario, autoriza medidas de ejecución contra el Estado.
El origen de la deuda y el impacto en YPF
El juicio tiene su raíz en la expropiación del 51% de las acciones de YPF a la española Repsol en el año 2012. Los demandantes originales (Eton Park y Petersen Energía) reclamaron que el Estado argentino no lanzó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) como dictaba el estatuto de la petrolera. Burford Capital adquirió los derechos de estos litigios y obtuvo una sentencia favorable en primera instancia.
Actualmente, el país intenta evitar la entrega del 51% de las acciones actuales de YPF como garantía, una orden que Preska dictó anteriormente pero que permanece bajo disputa. La defensa argentina sostiene que las acciones de la compañía de bandera son inembargables y esenciales para el desarrollo energético de Vaca Muerta.
La resolución de este conflicto internacional resulta determinante para la calificación crediticia de la Argentina y para la seguridad jurídica de sus empresas estatales. Mientras el Gobierno mantiene una postura de "buena fe" procesal, la firmeza en la protección de las reservas de oro marca el límite de la estrategia legal en Nueva York. El resultado de estas audiencias definirá si el país enfrenta embargos inminentes o si logra dilatar la ejecución de la sentencia mientras espera una resolución en las instancias superiores de apelación.
