La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue el escenario elegido por el presidente Javier Milei para levantar bien alto la bandera de las Islas Malvinas y la de Vaca Muerta, en un discurso en el que reivindicó la soberanía sobre los territorios del Atlántico Sur e invitó a los inversores a desembarcar en la Cuenca Neuquina, aunque no a aquellos que operen bajo licencia británica. Las respuestas no tardaron en llegar y la disputa tuvo varios episodios en Nueva York.
El mandatario comenzó su exposición, la tercera ante ese recinto, con una dura crítica a la ONU por su rol en el conflicto con el Reino Unido, resaltó el reclamo de soberanía como una "causa nacional" y usó la tribuna internacional para convertir a Vaca Muerta en el centro de su mensaje al mundo.
En poco más de 20 minutos, Milei se dirigió directamente al sector energético global y definió a Vaca Muerta como una oportunidad histórica con potencial para convertirse en una de las grandes protagonistas energéticas de las próximas décadas. La convocatoria fue explícita: "Vengan, inviertan", pidió a las compañías, a las que invitó a desarrollar la formación junto al Estado argentino.
Pero la puerta abierta tiene condiciones. El Presidente aclaró que la convocatoria no alcanza a las empresas vinculadas al desarrollo de recursos en las Islas Malvinas, en una alusión directa al proyecto petrolero Sea Lion. Advirtió que el país no será indiferente frente a quienes explotan recursos bajo ocupación externa ilegal y sostuvo que la posición argentina ya está tomada. En ese sentido, afirmó que la Argentina no se quedará esperando a que la ONU y la comunidad internacional cumplan con su propio mandato y que tomará cartas en el asunto.
La respuesta de Londres
La réplica británica no tardó en llegar. En un comunicado, la representación del Reino Unido ante las Naciones Unidas afirmó no tener dudas sobre su soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus zonas marítimas circundantes, y defendió como legítimo el desarrollo de hidrocarburos en el archipiélago.
El texto británico describió su vínculo con los territorios de ultramar como una relación moderna, basada en la asociación y en el derecho de sus habitantes a decidir su futuro; acusó a la Argentina de negar ese derecho a los isleños y calificó su conducta como incompatible con la Carta de la ONU y ajena a lo esperable de una democracia.
Pero el enfrentamiento había comenzado un día antes. El martes, el primer ministro británico, Andy Burnham, advirtió en su discurso ante la Asamblea General que el Reino Unido se mantendrá firme frente a cualquier amenaza al orden de la ley, incluidas aquellas que, según dijo, ponen en riesgo el derecho de los territorios británicos a seguir siéndolo, y mencionó expresamente a las Malvinas. El canciller Pablo Quirno ejerció el derecho a réplica: sostuvo que las islas están ilegalmente ocupadas y recordó que las Naciones Unidas y otros organismos internacionales reconocen la existencia de una disputa de soberanía. Además, señaló que esas instituciones instan "a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido a reanudar las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y duradera a la disputa como vía para descolonizar el territorio".
Sea Lion, el proyecto detrás del mensaje
El destinatario implícito de la advertencia presidencial tiene nombre: Sea Lion. El yacimiento fue descubierto en mayo de 2010 por la británica Rockhopper Exploration y se encuentra a 450 metros de profundidad en el Atlántico Sur, unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. La israelí Navitas Petroleum ingresó al proyecto a comienzos de 2020 con el 30%, pasó a operarlo y hoy controla el 65%, mientras que el 35% restante sigue en manos de Rockhopper. En diciembre de 2025, ambas compañías anunciaron la decisión final de inversión.
El proyecto sigue avanzando. El 16 de septiembre, Rockhopper cerró una ampliación de capital de unos USD200 millones para financiar las siguientes etapas, y el cronograma informado mantiene el inicio de la producción para el primer trimestre de 2028.
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Del lado argentino, la ofensiva también pasa por los tribunales. Ese mismo día trascendió que la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar y ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar o continuar obras vinculadas a Sea Lion, incluidas perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial. La presentación fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
Las empresas, sin embargo, no acusaron el golpe: sostienen que el consorcio opera con licencias otorgadas por el gobierno isleño, con respaldo del Reino Unido, y que no esperan que los acontecimientos recientes afecten de manera significativa el desarrollo ni el calendario del proyecto.
