Mientras se espera la presentación de Argentina y los fondos ante la justicia para darle continuidad al litigio por la deuda de 16 mil millones de dólares del proceso de estatización de YPF contra un grupo minoritario de accionistas en 2012, la novela judicial con la principal petrolera del país sumó uno de los episodios más escandalosos con el despido de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro, responsable de la defensa nacional, por supuestas filtraciones.
Como en el Watergate, una investigación iniciada hace mese por el Gobierno de Javier Milei que parte de las estrategias jurídicas que analizaba el país parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina y se despidió a 60 funcionarios del organismo, que depende del ministerio de Justicia.
El caso comenzó cuando desde la Procuración empezaron a darse cuenta de que parte de las estrategias jurídicas que analizaba la República parecían ser anticipadas por los poderosos bufetes de abogados que litigan contra la Argentina. Por ahora, el Gobierno justificó los despidos en el marco de una "reestructuración que responde a una mayor eficiencia del organismo".
Tras el fallo de Preska de entregar el 51% de las acciones de YPF como garantía por la deuda de 16 mil millones de dólares, los abogados del Estado argentino intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina, que por el momento está en pausa por una suspensión de un tribunal superior y que en las últimas horas sumó el apoyo del gobierno de Donald Trump.
Hasta ahora, la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, no confirmó las versiones que circularon durante la jornada entre funcionarios de la Casa Rosada sobre supuestas filtraciones. Solo informaron los cambios en la estructura del organismo encabezado por Santiago Castro Videla.
Las sospechas
Se sospecha que esas supuestas filtraciones pudieron haber beneficiado al polémico fondo Burford -especialistas en este tipo de litigos-, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2012. En el marco del achique, la Procuración pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales, y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela. Además, se anunciaron nuevas desvinculaciones de personal, que acumulan a más de 60 funcionarios del organismo desde el inicio de la gestión Milei.
Entre los principales cambios se destaca la “reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”.
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La Procuración del Tesoro está a cargo de Santiago Castro Videla, que pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla, que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska. El diario Clarín publicó que Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira, para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del Estado.
En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo ocular, como en juicios penales, si no en la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina, según Clarín.
