La Justicia Federal de Río Grande ordenó a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited abstenerse de iniciar o continuar las obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La medida cautelar fue dictada por la jueza federal Mariel Borruto y alcanza las tareas de perforación del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina y las obras necesarias para avanzar con la explotación comercial del yacimiento.
La presentación judicial había sido realizada por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), en el marco de una acción preventiva por posibles daños ambientales y vinculada también a la cuestión de la soberanía sobre el archipiélago.
Qué dispuso la jueza
Además de ordenar la suspensión de las obras, Borruto intimó a las compañías a presentar información sobre el estado actual del proyecto, sus cronogramas, los pozos previstos, los equipos involucrados y la nómina de contratistas y subcontratistas.
El requerimiento también incluye información sobre las entidades financieras, fondos, aseguradoras y reaseguradoras vinculadas al desarrollo de Sea Lion, así como documentación técnica y estudios ambientales relacionados con la iniciativa.
La decisión tiene carácter cautelar y no representa un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre la totalidad de las cuestiones planteadas en la causa.
Uno de los fundamentos centrales del fallo está relacionado con la necesidad de realizar una evaluación ambiental antes de avanzar con las distintas etapas del desarrollo hidrocarburífero. La resolución aplica el principio precautorio frente a los posibles impactos de una operación que contempla perforaciones, infraestructura offshore y producción de petróleo.
Un proyecto que apunta a producir petróleo desde 2028
Sea Lion es uno de los principales proyectos hidrocarburíferos desarrollados alrededor de las Malvinas. Rockhopper y Navitas tienen previsto avanzar hacia la producción comercial, con un inicio proyectado para 2028. Según información incorporada al expediente, el proyecto ya había superado la etapa inicial de planificación y contaba con contrataciones vinculadas con la unidad flotante de producción y los equipos de perforación.
La decisión judicial argentina se produce además en un contexto de creciente disputa por la explotación de hidrocarburos en el área. El Gobierno argentino inició acciones contra compañías vinculadas con proyectos petroleros en las islas y sostiene que las actividades se desarrollan sin autorización argentina.
Las empresas, por su parte, sostienen una posición diferente. Navitas afirmó que sus operaciones se realizan bajo licencias otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas y consideró que las acciones judiciales iniciadas en Argentina no deberían tener un impacto significativo sobre el desarrollo de Sea Lion.
El Reino Unido también rechaza la jurisdicción argentina sobre el archipiélago y sostiene que la legislación interna argentina no resulta aplicable en las islas.
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El alcance de la medida
La cautelar representa un nuevo capítulo en la disputa por la explotación de recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur, pero su aplicación práctica enfrenta un límite: la Justicia argentina reconoce que la ejecución de la medida fuera del territorio bajo jurisdicción efectiva del país depende de la cooperación internacional y de la conducta que adopten las compañías.
Por ahora, Rockhopper y Navitas deberán responder al requerimiento judicial y aportar información sobre el avance, la estructura contractual y el financiamiento de Sea Lion. Con esos elementos, el juzgado podrá evaluar los próximos pasos de la causa y eventualmente revisar el alcance de la medida cautelar.
