La disputa por el petróleo de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo, en este caso en el fuero judicial. El juez federal Julián Ercolini solicitará a las autoridades judiciales de Gran Bretaña e Israel información sobre directivos, representantes legales y composición societaria de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, las firmas que operan en las islas.
El pedido partió del fiscal Carlos Stornelli en la causa por exploración hidrocarburífera ilegal en la Cuenca Malvinas Norte, conocida como proyecto Sea Lion. La meta es llamar a indagatoria a los responsables por violación de leyes argentinas y, si no comparecen, solicitar su captura a Interpol.
A Reino Unido, el magistrado le requirió información societaria de las empresas del grupo Rockhopper, la identidad de sus autoridades desde 2012 y antecedentes sobre las licencias petroleras. A Israel, el registro societario y de directivos de Navitas desde 2012 y sus vínculos con Rockhopper. También se pidió la declaración de la embajadora Paula Iris Di Chiario e informes a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Seguridad sobre actuaciones ambientales y de fuerzas federales.
La causa se originó en una denuncia del Gobierno tras la cadena nacional del 3 de septiembre, en la que Javier Milei habló de la recuperación de Malvinas y del endurecimiento de sanciones para las empresas que buscan extraer crudo en esas aguas. El movimiento judicial coincide, además, con la reunión que Milei tenía prevista con Benjamín Netanyahu después de su discurso ante la Asamblea General de la ONU.
Un proyecto que ya dejó de ser promesa
Sea Lion es un emprendimiento conjunto: la israelí Navitas, que cotiza en Tel Aviv, entró en 2020 con 30% y fue ampliando su posición hasta quedar como operadora con 65%, mientras Rockhopper retuvo el 35%. El descubrimiento se anunció en mayo de 2010 y el yacimiento está a unos 220 kilómetros al norte de las islas, con 450 metros de profundidad de agua.
El salto llegó en diciembre de 2025, cuando ambas compañías tomaron la decisión final de inversión para las fases 1 y 2 del Área Norte, con un desembolso estimado hasta el primer petróleo de entre US$1.800 y 2.100 millones. La producción está prevista para el primer trimestre de 2028. En diciembre, la Cancillería rechazó esa decisión y calificó a las firmas de licenciatarias ilegítimas que operan sin permiso de la autoridad argentina. No es la primera sanción: en 2022 la Argentina inhabilitó a Navitas por 20 años.
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Las empresas, lejos de frenar, aceleran. Rockhopper cerró el 16 de septiembre una ampliación de capital de unos US$200 millones para financiar las siguientes etapas, con una demanda que superó las acciones ofrecidas. Tras los anuncios de Milei, las firmas dejaron en claro que no prevén modificar sus planes, aunque el golpe se sintió en los mercados: Rockhopper cayó más de 5% en Londres y Navitas cerca de 2% en Tel Aviv.
La ofensiva judicial llega en el peor momento para la estrategia de disuasión: con el Brent otra vez por encima de los US$100, cada barril offshore del Atlántico Sur vale más, y el incentivo para sostener el proyecto crece en la misma medida que la presión argentina. Las reservas probadas y probables de Sea Lion rondan los 315 millones de barriles, que a precios recientes superan los US$30.000 millones. La pregunta es si un exhorto judicial puede pesar más que esa cuenta.
