Llegó el día para YPF y el fondo Burford Capital. Después de meses, y años, de idas y vueltas en la justicia de Estados Unidos se verán las caras en el estrado de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el litigio que mantiene desde la nacionalización de la petroleo y el pago de las acciones a los accionistas menores.
El último movimiento lo hizo Burford, que adquirió el derecho a litigar de los antiguos accionistas minoritarios y la semana pasada expresó su deseo urgente la necesidad de sentarse a negociar con la empresa para llegar a un acuerdo por 16.100 millones de dólares que están en danza en el marco del Caso YPF.
Este miércoles 29 el fondo e YPF se presentarán ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York y el gobierno argentino intentará revertir el fallo condenatorio, que la obliga a desembolsar la suma de dinero, y defenderá su postura de inocencia respecto de la operación de nacionalización, que se llevó a cabo en 2012 y dio lugar al desarrollo de Vaca Muerta.
El litigio judicial en Estados Unidos tiene un fallo condenatorio de la jueza Loretta Preska, por el cual obliga el pago de US$ 16.000 millones a modo de resarcimiento por la forma en que el Estado argentino estatizó la compañía. Burford procurará que se mantengan la sentencia, pero al mismo tiempo intentará que se revea la sentencia que eximió a YPF de la responsabilidad en la operación.
La magistrada condenó al país por el no pago de acciones y fijó la suma calculando los intereses entre 2012 y 2023. Ante la falta de pago, dispuso que se entreguen el 51% de las acciones de la empresa, lo que reavivó la causa y puso a ambas parte a trabajar. La postura argentina busca evitar el pago y revisar el falló, mientras que los fondos no tienen interés en el capital accionario, sino que quieren cobrar la deuda por la que compraron el litigio a diferentes accionistas, entre ellos la familia Eskenazi.
Como parte del proceso, Burford llamó a YPF a negociar, en un postura que no es ingenua, sino que busca revolver el problema antes de que se expida la justicia que, históricamente, suele resolver por montos considerablemente inferiores al importe total de las sentencias. Según se estima la sentencia de la Cámara de Apelaciones no será inmediata y podría conocerse durante el primer semestre del año próximo.
Una de las primeras novedades de la postura argentina es que el los responsables de la defensa nacional informaron a la Juez Loretta Preska que va a pedir a más de 30 funcionarios y ex funcionarios que cooperen con la justicia y entreguen el contenido de sus dispositivos móviles. Entre los nombres aparecen el exministro de Economía, Sergio Massa, y el actual, Luis Caputo. El país también pide extender la fecha para entregar esta información al 21 de Noviembre.
Escenarios posibles
En caso de que la Cámara de Apelaciones mantenga la sentencia a la Argentina solo le quedará presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otra opción es que reduzca el monto resarcitorio y la más improbable que rechace el fallo de Preska. En cualquiera de los tres escenarios lo que se discutirá es la validez de la sentencia y el monto, pero no así la forma en la que se debe pagar.
Preska determinó que una de las formas para cumplir con la sentencia es la entrega de acciones de la empresa, a modo de garantía. Pero esta decisión también fue apelada y corre por otro carril dentro de la justicia de los Estados Unidos.
Entre las diferentes aristas que tiene el litigio que ya lleva más de una década recorriendo los tribunales de Estados Unidos aparece la intención de los beneficiarios de buscar activos argentinos en el mundo para activar embargos y poder cobrar su acreencia.
Mientras la apelación avanza, Argentina enfrenta ya numerosos procesos de ejecución por la falta de cumplimiento del fallo, trámites que se desarrollan activamente tanto en Estados Unidos como en otros países. La presión escaló cuando el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York declaró el fallo como ejecutable desde enero de 2024.
Además, la Justicia estadounidense ordenó a la Argentina entregar documentos sensibles vinculados a YPF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales. Esta medida expone activos y genera un panorama de vulnerabilidad que Burford busca aprovechar con su llamado a la sensatez financiera y jurídica.
La propuesta de negociación llega en un momento crucial, justo cuando la pelota queda en el tejado de la Corte de Apelaciones. El bufete británico urgió a la Argentina a considerar seriamente la mesa de diálogo para evitar un pago potencialmente ruinoso y la prolongación de un litigio que, además de los riesgos inherentes, implica costos operativos y políticos inmensos. El futuro de la petrolera de bandera y miles de millones de dólares se dirime, una vez más, en las cortes de Nueva York.
El apoyo de YPF
YPF y Argentina lograron el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que se presentó como Amicus Curiae, de las provincias petroleras, de otros 12 países del mundo y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, AmCham, se presentó como amicus curiae en defensa de la petrolera estatal y de los intereses del Estado argentino ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU.
La causa
Argentina enfrenta una causa por el no pago de las acciones a los accionistas minoritarios durante el procesos de estatización de la compañía en 2012, mediante una ley en el Congreso. Solo Repsol, dueña del 51% de las acciones, llegó a un acuerdo. Ante esta situación algunos tenedores vendieron sus derecho de reclamo a fondos buitres que desde hace más de una década mantiene un litigio.
