En esta columna, que esperamos venga siendo de su agrado, haremos una pequeña digresión, un paréntesis en el interesante mundo del análisis hidrocarburífero, para centrarnos por un momento en los servicios públicos, el del gas y la electricidad, pero particularmente en este último.
Ojo, como todo tiene que ver con todo, siempre el ecosistema del Oil&Gas, que muchas veces parece existir en un universo paralelo (sobre todo en términos macroeconómicos), se encuentra atento a lo que ocurre en ámbito más mundanos como el de los servicios públicos.
Por muchos motivos. Porque los dueños, accionista y CEOs también cocinan en sus casas con gas natural o les piden a sus hijos que apaguen las luces; porque lo que se extrae de yacimientos es fundamental para subir la perilla (más del 60% de la generación eléctrica de nuestro país es térmica, con combustible líquido o gas); porque tienen motivaciones similares de tipo políticas, económicas y personales (algunos juegan en ligas petroleras y también en la de los servicios públicos); y también porque están expectantes con las señales políticas.
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Durante esta semana los mercados continuaron algo convulsionados después de las declaraciones televisivas del ministro Luis Caputo de mediados de mes, cuando intentó bajar la efervescencia y recuperar el centro del ring que el gobierno nacional había perdido por diferentes escándalos. Toto, sin demasiadas exigencias del entrevistador de turno, no consiguió bajar de la mejor manera su mensaje y movilizó el avispero. Los jugadores financieros entendieron sus palabras codificadas como la inminencia de una devaluación y los dólares de todo tipo y talante comenzaron a levantar. La sangría del Banco Central continúo y los días para el gobierno se volvieron álgidos.
Caputo agarró nuevamente el micrófono y usó de paraguas al Fondo Monetario Internacional. Habló de un Acuerdo de Facilidades Extendidas de 20.000 millones de dólares, y el mismísimo FMI debió salir a reafirmar sus palabras para que haya un poco de paz. Justamente unos 20.000 millones de dólares fueron los que otros gobiernos llegaron a desembolsar durante un año para sostener la madeja de subsidios energéticos. Algo realmente incomprensible si se piensan en cuestiones estrictamente técnicas y no de demagogia política.
Yo no tengo muy claro si hoy es el
momento de hacer grandes cambios,
en materia de desregulaciones sobre todo
Javier Milei, en estos menesteres, hizo algo que sus antecesores no pudieron o quisieron. Tomó la motosierra y comenzó con los recortes, la mayor parte quitando subsidios innecesarios a industriales y comercios, y a las clases sociales más acomodadas, los denominados Nivel 1 (N1). El año pasado el paquete de subsidios energéticos inyectó desde el Tesoro Nacional unos 3.943 millones de dólares y, según los analistas del sector, en este 2025 se espera que ese aporte decrezca considerablemente.
“Cuando entró el actual gobierno, los anuncios que hacían sus funcionarios de Energía eran irrealizables. Cuando comenzaron a andar se dieron cuenta de eso, y fueron al terreno de lo posible. Y la verdad es que han tenido logros importantes. De todas maneras, yo no tengo muy claro si hoy es el momento de hacer grandes cambios, en materia de desregulaciones sobre todo”, se pregunta un ex funcionario de la cartera energética nacional, hoy dueño de una consultora importante de la materia.
Según un informe de la asociación que nuclea a las distribuidoras eléctricas del país (Adeera), con datos extraídos de fuentes y organismos oficiales, entre 2006 y 2022 el Estado Nacional erogó 75.606 millones de dólares en subsidios a la electricidad, casi el 30% de la deuda pública externa total que tiene Argentina. Ahora, los subsidios decrecieron de manera interanual en más de un 26% entre el año 2023 y el pasado. Efecto motosierra.
Es decir, actualmente el costo de producción de energía eléctrica es de más de 10.000 millones de dólares, y el traslado de ese costo a los usuarios es superior a los 6.000 millones de dólares. O sea, hoy se está pagando la generación de electricidad en más de un 60%, cuando en 2023 estaba en el orden del 45%. Con una aclaración: Milei podó fuerte esos beneficios para muchos usuarios en el mismísimo inicio de su gestión, el 10 de diciembre de 2023.
Y hay otro dato a favor. El incremento de las facturas de luz y gas y la quita de subsidios no produjo grandes malestares en la sociedad, y las distribuidoras no experimentan mermas en su capacidad de cobro, siempre altas y superiores al 90%. Por un lado, una parte de la sociedad evidencia un cambio en términos de conciencia a la hora del consumo, ser más eficientes y gastar menos para pagar facturas asequibles.
Pero, además, y en esto hay que ser francos, todavía hay un gran porcentaje de la población residencial del país con facturas fuertemente subsidiadas. Para el caso, sólo hablando de la electricidad, a febrero de 2025 los usuarios incorporados en el segmento Nivel 2 (N2) de la tarifa, aquellos definidos como de bajos recursos (ingresos netos por debajo de una Canasta Básica), sólo pagan el 50% del costo de generación; mientras que los vecinos que son Nivel 3 (N3), de ingresos medios (entre 1 y 3,5 Canastas Básicas), abonan el 75% del costo monómico promedio que define CAMMESA.
Hoy se está pagando la generación de electricidad
en más de un 60%, cuando en 2023 estaba en el 45%
El gobierno nacional, mediante la Resolución 36/2025, estableció una “reducción mensual y escalonada de los subsidios desde febrero hasta diciembre, para categorías N2 y N3. Pero ya lo dijo hace algunos días el ex ministro José Aranguren cuando le preguntaron al respecto: “Siempre resulta más difícil aumentar las tarifas en los años impares porque hay elecciones, a sabiendas de que un sector de la población -el cual aún no fue debidamente identificado- todavía no puede afrontar el costo total y seguirá siendo subsidiado”.
El Triángulo de Hierro (los hermanos Milei y el super asesor Santiago Caputo), mientras arma lista y estructura para el round eleccionario inicial en las legislativas de CABA, mantiene la ilusión de llegar a las nacionales de octubre con una inflación que se mantenga en el orden del 2%. Si fuese menor, sería para el trio como tocar el cielo con las manos. Las tarifas pesan en ese juego, por lo que la orden es que los aumentos se enfríen de acá en más. “Eso es cierto, pero también es cierto que hasta acá no hubo demasiada resistencia a los aumentos como consecuencia del abaratamiento de la energía por la apreciación del tipo de cambio”, dice de manera algo críptica un funcionario que oficia de regulador.
- “A ver, una aclaración a eso no vendría mal”, le digo en una charla por WhatsApp que se extendió por días debido a los constantes pedidos de disculpas de mi interlocutor por sus permanentes y acojonantes obligaciones laborales.
- “El tema es que hoy las tarifas, en términos generales y nominales, se encuentran en valores similares, en dólares, a las de 2019. Pero hay algo clave, y es que cuando las pasamos a pesos constantes, vemos que esas tarifas están un 30% por debajo de aquellos niveles de hace 6 años atrás. O sea, las tarifas en términos reales no están caras, y por eso -y porque tomó la decisión que otros no- el gobierno no ha tenido que pagar costos políticos al quitar los subsidios.
El CEPO y el atraso cambiario, cruzando transversalmente en todos los órdenes de la vida. Y aquí un tema importante pasa por saber qué hará el gobierno con las Revisiones Quinquenales (RTQ) en los dos ámbitos, el de la electricidad y el gas. Porque recordando que el mercado de la generación se encuentra dolarizado en buena medida, un salto cambiario podría generar un verdadero tsunami en las tarifas. ¿Cómo lograr que las RTQ sean cumplibles y sanas? Es todo un desafío, porque con un tipo de cambio más competitivo en el futuro, devaluación mediante (seguramente con esquema de bandas), lo que el ministerio de Economía debería garantizar es que esa RQT sea pagable, en transporte y distribución.
Durante años, el Estado incumplió RTQ y pautas contractuales, pisando la tarifa, subsidiando el costo de abastecimiento, lo que llevó a destruir los incentivos de mejora para inversiones y calidad de servicio. Y aquí hay un cimiento estructural que el país debe reconstruir y respetar: cumplir al pie de la letra con los marcos regulatorios, como regla sine qua non.
“Cuando se rompió esa lógica se rompió todo. Al empezar a denostar los marcos normativos, todo se desvirtuó, el sistema se vició. Pensá que, hasta no hace mucho, las distribuidoras preferían pagar multas por su mala calidad de servicio antes que invertir para mejorarlo. ¿Por qué? Porque como las multas están construidas a partir del precio de la energía, y la energía no valía, las multas eran menos costosas que levantar una columna, tender un kilómetro de línea o construir una nueva estación transformadora. Esa lógica debe dejar de existir”, cuenta con énfasis un gerente de una empresa de electricidad zonal. “El Estado debe ofrecer un sistema que remunere correctamente a quien tome las concesiones”.
EL CIMBRONAZO
Ahora bien, después de las elecciones de octubre, el gobierno planea dar un cimbronazo en el sector eléctrico, sacándole potestades a CAMMESA y “liberalizando” el mercado del sector. Tanto es así, que se encargó de “limpiar” de detractores los pasillos de esa compañía, con un último movimiento: la salida del vicepresidente Mario Cairella.
Como ayuda memoria es bueno recordar que CAMMESA es la empresa mixta que vende la energía a las distribuidoras eléctricas. El 51% de sus acciones es propiedad del Estado argentino (el 49% restantes de las generadoras), por lo que las definiciones en muchos casos son más políticas que técnicas. Su estatuto habla de dos acciones prioritarias para esta empresa: el despacho técnico de la energía en alta tensión; y las transacciones comerciales. Pero en épocas de kirchnerismos se le adosó también la compra de combustible, un negocio enorme si pensamos que más del 50% de la generación es térmica (aunque en esta época del año es casi toda a gas). Un negocio que, si el actual gobierno avanza, dejará de pasar por sus manos.
Milei y Caputo quieren ir a un esquema donde CAMMESA no intervenga en las transacciones comerciales. Ni las del combustible ni las otras. Básicamente, que las distribuidoras eléctricas pueden ir y comprar la energía directamente a las distribuidoras. Para alimentar y adelantarnos al debate, que se vendrá y será fundamental para los 40 y pico millones de habitantes, acá les dejo los dos lados de la biblioteca. La primera voz es la de uno de los hombres que más saben de energía eléctrica en la Patagonia. La segunda, de un ex capo de la secretaría de Energía nacional que hoy juega fuerte en varias provincias, y que no necesariamente puede ser tildado de Libertario.
- Voz 1: “Por lo que se ha hablado hasta acá, lo que buscaría el gobierno son ir a contratos de compra de energía directa de las distribuidoras a las generadoras, sin pasar por CAMMESA, a la que le sacarían la responsabilidad y función de comprar el combustible como ha hecho hasta ahora. ¿Para qué servía que CAMMESA compre el combustible? Al ser el jugador más grande del mercado eléctrico, lo que podía hacer era casi definir los precios que paga el combustible, impidiendo que otros hagan negocios. Desde mi punto de vista, el único objetivo importante de esta suerte de desregulación es que existe un nicho de negocios grande para los generadores, que quieren vender más caro, y los perjudicados van a ser los usuarios. Ahora, hay muchas preguntas para responder. Por ejemplo, ¿cómo se trasladarían esos precios desregulados a los usuarios? ¿qué pasa si una distribuidora compra libremente a un precio superior al promedio del precio CAMMESA? ¿Qué harán los reguladores provinciales? ¿Qué pasará si el mismo grupo accionario está de los dos lados del mostrador, como generadores y distribuidores? Para mi no se busca una mejora en términos regulatorios, porque el modelo eléctrico de regulación está bien diseñado y funciona correctamente si cada actor cumple su papel. Para mí, acá van atrás del negocio para unos pocos.
- Voz 2: “Yo estoy a favor de esa desregulación, y que CAMMESA pase a cumplir la función técnica que le cabe, sobre todo en el despacho de energía, donde realmente podríamos ser mucho más eficientes aportando tecnologías a las redes. Al respecto, he visto estudios que señalan que en nuestro sistema de transporte de alta tensión tenemos cables que apenas utilizan un 25% de su transferencia o redes que sólo usamos 30 horas al año. Eso es una locura, eso tenemos que cambiar con instalaciones que sean inteligentes. También he visto estudios que señalan que, con el ingreso de CAMMESA, no sólo se aumentó considerablemente el consumo de combustibles líquidos, encareciendo el sistema, si no que además se aumentó mucho el precio que se pagan por esos combustibles. Estoy convencido que tenemos que ir a otro esquema, donde podamos tener más jugadores, que surjan más compradores y vendedores. Todo eso llevará a que el sistema sea más eficiente. Tenemos que lograr aumentar la oferta, y con CAMMESA en el medio eso no va a ser nunca posible”.
Jugando de adelantados, estimulamos un debate que se abrirá en breve. Y que será para alquilar balcones.
