La paciencia del Ejecutivo neuquino frente a los tiempos corporativos de la industria hidrocarburífera parece haber encontrado un límite cronológico. En un encuentro que reunió a la plana mayor del gabinete y a los principales referentes del sector privado, el gobernador Rolando Figueroa envió un mensaje directo: el desarrollo del shale requiere soluciones de infraestructura inmediatas que la provincia ya no puede costear en soledad. La nueva fecha en el calendario es el 7 de marzo, día en que el esquema de financiamiento compartido debe quedar definido.
La provincia ejecuta actualmente un plan de infraestructura de 800 millones de dólares que abarca desde la construcción de escuelas hasta la pavimentación de caminos. Sin embargo, el desgaste que genera el tráfico de arenas, equipos de perforación y personal hacia el corazón de la cuenca obliga a una intervención de emergencia en las arterias que conectan a la capital provincial con Añelo. Para Figueroa, la sostenibilidad social y la seguridad jurídica que Neuquén garantiza a las empresas constituye el principal activo que hoy permite al sector alcanzar niveles récord de producción, pero ese equilibrio demanda una retribución tangible en obras.
El modelo de financiamiento: obras por impuestos
El corazón de la negociación reside en un Acuerdo Marco que redefine la relación económica entre el Estado y las operadoras. La propuesta gubernamental establece que las empresas realicen aportes voluntarios para ejecutar obras complementarias de corto y mediano plazo. Estos fondos no representan una donación, sino que funcionan como anticipos de regalías, canon extraordinario de producción o Ingresos Brutos. En la práctica, las petroleras adelantan el pago de sus obligaciones tributarias futuras para garantizar que los camiones puedan circular hoy sin los retrasos y riesgos que imponen las rutas deterioradas.
El acuerdo también abre la puerta a una modalidad de contribución por peaje vinculada específicamente al uso de la infraestructura vial provincial, un mecanismo que busca capturar el valor que la industria extrae de la logística regional. Una comisión interpartes asume la tarea de definir el orden de prioridad, evitando que la burocracia estatal o los intereses particulares de cada área posterguen las reparaciones más urgentes.
El mapa de la prioridad vial
Tras horas de deliberación técnica entre el ministro de Economía, Guillermo Koenig, y los directivos de las compañías, el foco se concentró en el triángulo logístico formado por las rutas provinciales 7 y 51. La urgencia inmediata apunta a la rehabilitación de la Ruta 7 en tres tramos estratégicos: desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8; el tramo que conecta con el Bypass Añelo en Batería 8; y el segmento final que llega hasta el Distrito I de Vialidad Provincial.
De forma complementaria, el plan incluye la pavimentación de la Ruta 51 en el tramo comprendido entre las rutas 8 y 17, además de la recuperación de la calzada de la Ruta 8. Estas vías representan las venas abiertas de Vaca Muerta por donde circula la mayor parte del flujo operativo de la formación. La provincia mantiene en paralelo sus propios proyectos con fondos locales, como la duplicación de calzada en las rutas 7 y 51, la circunvalación de Añelo y la estratégica pavimentación de la Ruta 67, que conecta la Ruta Nacional 22 con la zona de operaciones, aliviando el tránsito en los centros urbanos.
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El mandatario sostiene que la provincia ya fijó reglas de juego claras basadas en la previsibilidad y el respeto mutuo. El objetivo final es consolidar un entramado logístico capaz de soportar el crecimiento proyectado para el cierre de la década. Con la mirada puesta en 2030, la alianza entre el sector público y el privado busca transformar la renta petrolera en una red vial que no solo sirva al petróleo, sino que garantice la integración territorial de una provincia que se sabe protagonista del nuevo orden energético nacional.
