El Gobierno nacional, a través de la resolución 20/2025 publicada en el Boletín Oficial, eliminó una serie de regulaciones en la industria petrolera con el objetivo de reducir costos operativos y aumentar la productividad del sector. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca simplificar normativas que, según el Ejecutivo, generaban costos innecesarios y dificultaban la competitividad de las empresas.
“Una de las cosas más perniciosas de la regulación es pensar que un burócrata puede decirle a las empresas (gente adulta que participa de un negocio) cómo tiene que hacer las cosas”, expresó el ministro de desregulación en sus redes sociales, apoyando las medidas oficiales.
Entre las regulaciones derogadas se encuentra la resolución 84/2012, que imponía estrictos requisitos técnicos para los tanques fijos de almacenamiento de líquidos a granel. Según Sturzenegger, esta norma obligaba a realizar verificaciones periódicas que requerían el vaciado de los tanques, lo que generaba residuos ambientales y altos costos de cumplimiento para las empresas. Asimismo, se eliminó la resolución 85/2012, que regulaba el uso de medidores de petróleo y sus derivados, limitando la posibilidad de utilizar equipos internacionales y encareciendo el proceso de medición en la industria.
Otra de las normativas eliminadas es la 185/2000, que establecía estándares técnicos para medidas materializadas de longitud de uso general. Esta regulación, adoptada en el marco del Mercosur, fue derogada por otros países del bloque debido a su falta de aplicabilidad, pero continuaba vigente en Argentina hasta la reciente decisión gubernamental.
El ministro explicó que la eliminación de estas normativas forma parte de una estrategia más amplia de desregulación y simplificación administrativa, impulsada por el presidente Javier Milei. En los últimos meses, el Gobierno implementó diversas medidas en este sentido, incluyendo la eliminación de múltiples secretarías y la reducción de la estructura del Estado con el objetivo de fomentar la inversión y el desarrollo económico.
El sector energético es uno de los más beneficiados por estas políticas. Se estima que, gracias a la flexibilización de regulaciones y a la creación de un ambiente más favorable para las inversiones, el país podría recibir cerca de 15.000 millones de dólares en inversiones energéticas en 2025 y hasta 16.500 millones en 2026. Gran parte de estos fondos provendrán del régimen de promoción de inversiones RIGI, que incentiva el ingreso de capitales extranjeros al sector.
No obstante, la medida no está exenta de polémica. Mientras que las grandes empresas del sector energético y financiero celebran la desregulación, algunos sectores de la sociedad exponen su preocupación por los efectos colaterales de estas decisiones. La eliminación de regulaciones y la reducción del gasto público impactaron negativamente a otros sectores.
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A pesar de las críticas, el Gobierno sostiene que la eliminación de estas regulaciones permitirá una mayor eficiencia en el sector petrolero y un incremento en la producción y exportación de hidrocarburos, lo que contribuirá a mejorar el acceso a divisas y fortalecer la economía del país. Según los funcionarios a cargo, estas medidas son fundamentales para la modernización del sector energético y para atraer inversiones en un contexto de creciente demanda global de hidrocarburos.
