En un nuevo capítulo judicial clave para Argentina e YPF, la Cámara de Apelaciones de Nueva York decidió este lunes suspender todas las apelaciones en el juicio por la nacionalización de la petrolera. La medida se alinea con la reciente resolución de fines de marzo que dejó sin efecto la condena original, la cual obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park.
Tras la sentencia en favor del estado nacional y la empresa, se abrió un periodo para posibles apelaciones, pero la nueva disposición del tribunal neoyorquino ratifica el freno a los procesos judiciales hasta que la sentencia principal quede firme. Como consecuencia inmediata, la audiencia programada para este jueves 16 de abril —donde las partes debían tratar los recursos de apelación— fue oficialmente cancelada.
El escenario actual marca un alivio financiero y estratégico para el Gobierno. El fallo de segunda instancia dictado el mes pasado había revertido la sentencia de la jueza de primera instancia, Loretta Preska, quien en 2023 determinó que el país debía resarcir a los fondos privados por la forma en que se llevó a cabo la expropiación de la petrolera en 2012. Con una cifra importante a pagar por el Estado argentino.
Con esta nueva resolución, la Justicia estadounidense consolida la posición de la defensa argentina, postergando cualquier avance de los demandantes mientras se asienta la decisión de fondo que anuló el multimillonario pago. Por el momento, la causa entra en una etapa de quietud procesal que otorga previsibilidad a las arcas públicas frente a lo que el oficialismo calificó recientemente como un "hecho de trascendencia histórica", según publicó la agencia de noticias NA.
Una vez que la sentencia quede firme, los fondos buitres tienen dos recursos posibles: reconsideración en banc por el plenario de la Cámara y/o recurso de certiorari a la Corte Suprema.
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El pasado 27 de marzo, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de YPF y más de una década después de comenzado el litigio legal eximió a la petrolera estatal a pagar más de 16 mil millones de dólares a los fondos buitres en compensación por el proceso de nacionalización que se realizó en 2012.
La justicia estadounidense revocó la sentencia de primera instancia y exculpó a la compañía de la responsabilidad durante el proceso de estatización, revirtiendo la sentencia de primera instancia en contra de la firma de 2015.
