En el expediente YPF nunca hay silencios largos. Cuando parece que el tablero judicial entra en modo espera, aparece un movimiento inesperado que vuelve a tensar la cuerda entre Buenos Aires y Nueva York. Esta vez, el contrapunto combina dos dinámicas distintas pero conectadas: por un lado, una suspensión clave que le da oxígeno a la petrolera; por el otro, una advertencia directa de los demandantes que apunta al corazón político del Estado argentino.
La jueza federal Loretta Preska decidió frenar de manera transitoria el discovery orientado a demostrar que YPF actúa como un alter ego del Estado nacional. Se trata del proceso con el que los fondos buscan identificar activos que eventualmente puedan ser embargados para ejecutar la sentencia por la expropiación.
La medida responde a un pedido de la propia YPF y estará vigente hasta que la Cámara de Apelaciones se expida sobre la apelación presentada por la compañía. Aunque el trámite fue calificado como “expeditivo”, en el mundo judicial estadounidense eso no significa velocidad automática: el planteo involucra cuestiones poco exploradas, como el alcance de la inmunidad soberana de empresas estatales bajo la legislación norteamericana, lo que anticipa un proceso largo.
Desde el entorno de la causa, el especialista Sebastián Maril lo sintetizó sin rodeos: Preska aceptó suspender la búsqueda de activos ligada al alter ego mientras se discute la validez misma de esa investigación.
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Pero la pausa no es total. La jueza dejó explícito que la orden no alcanza a otros procesos de discovery sobre activos soberanos, que continúan avanzando. El frente judicial contra la Argentina sigue abierto y activo.
En paralelo, el clima se enrareció con una presentación de los demandantes que anticipa un nuevo conflicto institucional. En una carta enviada al juzgado, informaron su intención de solicitar sanciones y una declaración de desacato si el Gobierno mantiene su negativa a entregar mensajes y correos electrónicos personales de funcionarios y exfuncionarios que consideran relevantes para el caso.
La posición oficial es clara: al tratarse de comunicaciones enviadas desde cuentas privadas y dispositivos personales, el Estado solo puede aportarlas si sus titulares prestan consentimiento. Algunos lo habrían hecho; otros, no. Entre quienes se negarían a habilitar ese acceso figurarían el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.
Los demandantes ya propusieron un cronograma de intercambio de escritos que se extendería hasta marzo, lo que anticipa meses de tensión procesal. El resultado es un escenario mixto: alivio parcial para YPF, riesgo creciente para el Estado nacional y una causa que, lejos de cerrarse, sigue sumando capítulos. En el caso YPF, incluso cuando el reloj parece detenerse, la presión nunca desaparece.
