La suerte de YPF, la del estado argentino y la de los fondos buitres parece estar echada y en mano de la jueza Loretta Preska, quien deberá definir qué pasa con el causa de los 16.100 millones de dólares en danza entre los compradores de la deuda de los accionistas y la empresa estatal petrolera.
La semana pasada las partes se vieron las caras por última vez, por ahora, en la Corte de Apelaciones de Nueva York, en una audiencia clave para el fallo condenatorio por el no pague del paquete accionario a los tenedores menores durante el proceso de estatización de la compañía en 2012. La defensa nacional busca revertir la sentencia y probar la inocencia de la firma en el proceso.
En la presentación de los alegatos, el país se comprometió a solicitar a 35 funcionarios, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor en el cargo, Sergio Massa, y otros exfuncionarios que le permitan acceder a sus mensajes de WhatsApp y cuentas de correo personales. Sebastián Soler, un abogado argentino en Nueva York, que sigue el caso YPF de cerca escribió en su cuenta de X que de manera se buscará "identificar aquellos que son relevantes para la discusión en curso en materia de alter ego, pero solicita una ampliación del plazo para completar ese trabajo".
"Entre otros motivos, porque las partes no han acordado aún las "palabras clave" que usarán en la búsqueda informática para detectar los mensajes relevantes. La posibilidad de buscar esos mensajes dependerá de que las personas incluidas en la lista acepten colaborar, y no sabemos cómo reaccionarán los demandantes o Preska respecto de aquellas que no acepten (quizás no dé lo mismo si se trata de un funcionario actual o de alguien que ya no lo es)", agregó.
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En tanto los fondos buitres, encabezados por Burford Capital, que son los demandantes del caso buscarán que la jueza imponga el 21 de noviembre como plazo final para esta acción.
Escenarios posibles
En caso de que la Cámara de Apelaciones mantenga la sentencia a la Argentina solo le quedará presentarse ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otra opción es que reduzca el monto resarcitorio y la más improbable que rechace el fallo de Preska. En cualquiera de los tres escenarios lo que se discutirá es la validez de la sentencia y el monto, pero no así la forma en la que se debe pagar.
Preska determinó que una de las formas para cumplir con la sentencia es la entrega de acciones de la empresa, a modo de garantía. Pero esta decisión también fue apelada y corre por otro carril dentro de la justicia de los Estados Unidos.
Entre las diferentes aristas que tiene el litigio que ya lleva más de una década recorriendo los tribunales de Estados Unidos aparece la intención de los beneficiarios de buscar activos argentinos en el mundo para activar embargos y poder cobrar su acreencia.
Mientras la apelación avanza, Argentina enfrenta ya numerosos procesos de ejecución por la falta de cumplimiento del fallo, trámites que se desarrollan activamente tanto en Estados Unidos como en otros países. La presión escaló cuando el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York declaró el fallo como ejecutable desde enero de 2024.
Además, la Justicia estadounidense ordenó a la Argentina entregar documentos sensibles vinculados a YPF, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales. Esta medida expone activos y genera un panorama de vulnerabilidad que Burford busca aprovechar con su llamado a la sensatez financiera y jurídica.
La propuesta de negociación llega en un momento crucial, justo cuando la pelota queda en el tejado de la Corte de Apelaciones. El bufete británico urgió a la Argentina a considerar seriamente la mesa de diálogo para evitar un pago potencialmente ruinoso y la prolongación de un litigio que, además de los riesgos inherentes, implica costos operativos y políticos inmensos. El futuro de la petrolera de bandera y miles de millones de dólares se dirime, una vez más, en las cortes de Nueva York.
El apoyo de YPF
YPF y Argentina lograron el apoyo del gobierno de Estados Unidos, que se presentó como Amicus Curiae, de las provincias petroleras, de otros 12 países del mundo y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, AmCham, se presentó como amicus curiae en defensa de la petrolera estatal y de los intereses del Estado argentino ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU.
La causa
Argentina enfrenta una causa por el no pago de las acciones a los accionistas minoritarios durante el procesos de estatización de la compañía en 2012, mediante una ley en el Congreso. Solo Repsol, dueña del 51% de las acciones, llegó a un acuerdo. Ante esta situación algunos tenedores vendieron sus derecho de reclamo a fondos buitres que desde hace más de una década mantiene un litigio.
