El Gobierno Nacional envió un documento a la jueza federal de Nueva York Loretta Preska en el que pidió suspender el fallo que pretende obligar al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los dos fondos de inversión que iniciaron una demanda contra el país por la expropiación de la compañía en 2012.
En una carta enviada a la magistrada, la administración que lidera el presidente Javier Milei le anticipó también que presentará una “apelación formal” en los próximos días, destacó que el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y argumentó que conceder la suspensión es “crucial”.
Este lunes, Preska ordenó a YPF entregar el 51 por ciento de sus acciones para compensar a dos fondos que denunciaron haber sido perjudicados durante la expropiación de la empresa en 2012.
Según informó Sebastián Maril, director de Latam Advisors y especialista en los juicios que afronta la Argentina en el exterior, en su presentación la Argentina advierte que, de no ser otorgada la apelación, acudirá a un tribunal superior para conseguirla.
Además, la recuerda a la magistrada que el Gobierno de los EE.UU. apoyó al país y es crítico de que se otorgue la suspensión. “La República Argentina solicitó a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que ordena la transferencia de sus acciones de YPF a los acreedores judiciales”, precisó Maril.
Fuentes de la Casa Rosada aclararon que el gobierno argentino no se sentará a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal.
La estrategia es apostar a disputar el monto final de la sentencia -calculada en USD 16.000 millones- porque aseguran que hay razones legales para reducirla, según fuentes cercanas a la Casa Rosada.
La Procuración del Tesoro, incluso, podría pedir la suspensión del fallo de Preska directamente a la corte de apelaciones, que es una segunda instancia. En la Casa Rosada mencionan que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de “cumplimiento imposible”. “No hay posibilidad alguna de acatar ese fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia”, dijo una fuente oficial.
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El caso
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó una sentencia en primera instancia que obliga a Argentina a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses por la estatización de YPF en la que no se contempló a los accionistas minoritarios. El fallo incluye una tasa de interés diaria cercana a los 2,5 millones de dólares, lo que llevó el total a superar los 17.000 millones.
En 2012, cuando el gobierno expropió la empresa energética pagó a Repsol el acuerdo, pero no a los demás propietarios, que vendieron sus derechos de litigio en 16 millones de dólares y 13 años después esa suma se multiplicó por mil. Ante la falta de pago, la jueza determinó que, como garantía, Argentina debía entregar parte de las acciones de YPF: en principio, un tercio, y luego se fijó el 51%, en un plazo de 14 días.
