A tres meses de la entrada en vigencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los primeros datos confirman que el sector minero y energético se convirtieron en el principal receptor de los capitales atraídos por este esquema. De los más de 11.300 millones de dólares en inversiones anunciadas hasta la fecha, el 97% se destina a proyectos relacionados con la explotación de recursos naturales, consolidando a la Argentina como un destino clave en el mapa global de la energía y la minería.
El RIGI, establecido en la Ley de Bases, fue concebido con el objetivo de captar inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico del país. Entre sus principales beneficios se incluyen estabilidad tributaria por 30 años, una reducción del Impuesto a las Ganancias al 25%, amortización acelerada de bienes de capital y exenciones arancelarias para la importación de insumos. Además, las empresas acogidas a este régimen pueden acceder a un esquema de libre disponibilidad de divisas, un aspecto clave para atraer capitales internacionales.
Si bien este régimen contempla la posibilidad de inversiones en tecnología, infraestructura, turismo e industria, el interés del capital extranjero se destinó casi por completo hacia la minería y la energía. Este fenómeno responde a varios factores: en primer lugar, Argentina posee vastos recursos naturales de alto valor, como el litio, el cobre, el gas y el petróleo. En segundo lugar, el escenario global de transición energética empuja a la demanda de minerales críticos y fuentes de energía alternativa, fortaleciendo el atractivo del país en estos sectores.
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Vaca Muerta y las energías renovables
En el sector energético, el protagonismo lo tiene Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional. A pesar de que la explotación de estos recursos ya se encontraba en marcha antes del RIGI, el régimen habilita a que nuevas inversiones refuercen la infraestructura necesaria para incrementar la producción y mejorar la logística de exportación. Empresas estadounidenses y europeas apostaron por la construcción de nuevos gasoductos y terminales de licuefacción para la exportación de gas natural.
Paralelamente, las energías renovables también captan la atención de los inversores. La Patagonia y el Noroeste argentino ofrecen condiciones ideales para la generación de energía eólica y solar, respectivamente. Aunque en menor medida que la minería y los hidrocarburos, algunos proyectos en estas áreas avanzaron por las facilidades que brinda el RIGI, especialmente en provincias como Neuquén y Mendoza.
El auge de la minería
El litio se viene posicionando como uno de los activos más codiciados por los inversores, dado su rol fundamental en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos. Argentina, que forma parte del “triángulo del litio” junto con Bolivia y Chile, ya es el cuarto productor mundial de este mineral, y las inversiones bajo el RIGI buscan expandir significativamente la capacidad extractiva. Empresas de China, Estados Unidos y Australia anunciaron proyectos para ampliar la producción en salares de Jujuy, Salta y Catamarca.
El cobre, por su parte, cobró un renovado interés debido a su creciente demanda en redes eléctricas y energías renovables. Argentina, a pesar de contar con importantes yacimientos en San Juan y Catamarca, aún no figura entre los grandes productores mundiales. Sin embargo, este régimen económico incentivó la reactivación de proyectos de gran escala, con inversiones que podrían convertir al país en un actor relevante en el mercado global de este metal.
Ausencias y desafíos del RIGI
A pesar del entusiasmo en el sector minero y energético, el RIGI todavía no logra atraer inversiones significativas en otros rubros. La industria manufacturera, el turismo y la tecnología quedaron relegados en la asignación de capitales, lo que plantea dudas sobre la diversificación del modelo de desarrollo impulsado por el régimen.
Otro desafío radica en la aceptación social y política de estos proyectos. En varias provincias, las explotaciones mineras prestan resistencia de comunidades locales preocupadas por el impacto ambiental y la falta de beneficios directos en términos de empleo e infraestructura. Además, la falta de claridad sobre los mecanismos de control y fiscalización genera incertidumbre respecto a la transparencia del proceso.
El gobierno de Javier Milei, que promovió el RIGI como un pilar de su política económica, de hecho defiende el esquema argumentando que las inversiones generarán empleo y dinamizarán las economías regionales. Sin embargo, la concentración del 97% de los capitales en minería y energía pone de manifiesto que el modelo adoptado prioriza la explotación de recursos naturales por sobre otros sectores productivos.
