Luego de que hace pocos días, la Confederación Mapuche exigiera al gobernador Rolando Figueroa la suspensión inmediata de permisos para actividades hidrocarburíferas en su territorio ancestral, ubicado en Loma La Lata, en las últimas horas el Gobierno Nacional decretó el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas originarias del país.
Esta medida, informada por el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 1083/2024, que derogó el Decreto 805/2021, generó una rápida reacción de la comunidad, que manifestó que las consecuencias de esta política podrían ser graves.
La decisión del gobierno
Mediante el Decreto 1083/2024, el Poder Ejecutivo Nacional derogó el Decreto 805/2021 y puso fin a la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por las comunidades indígenas originarias del país, lo que marca un giro significativo en la política territorial tras un largo conflicto sobre la titularidad de tierras y la suspensión de desalojos que gener´p “inseguridad jurídica” y “afectado derechos de propiedad de ciudadanos y empresas”..
La emergencia, establecida originalmente por la Ley N° 26.160 en 2006, fue extendida en múltiples ocasiones, con la última prórroga a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 805/2021, que extendía la suspensión de desalojos hasta noviembre de 2025.
Sin embargo, el Gobierno considera que este estado excepcional ha derivado en abusos y violencia, provocando un aumento de los conflictos territoriales y usurpaciones de tierras, particularmente en el sur del país. Se contabilizaron hasta el momento 254 hechos judicializados relacionados con usurpaciones.
El Decreto 1083/2024 plantea como prioridad el respeto irrestricto a la propiedad privada, como principio fundamental de justicia y un motor de desarrollo económico, lo que pone punto final a la suspensión de desalojos y se declara el fin de la emergencia.
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La voz de los Mapuches
Tras conocerse el decreto, la respuesta mapuche no se hizo esperar. Jorge Nahuel, coordinador de la Zonal Xawvnko, uno de los líderes de los reclamos en Vaca Muerta, dijo que los pedidos de los pueblos ancestrales se hacen en torno a la ley de consulta previa, que es un derecho internacional reconocido desde hace más de tres décadas y que, en Argentina, fue incorporado a través de la Ley Nacional 24.071 en 1992.
La Confederación Mapuche del Neuquén está en alerta, por su parte, se expresó en estado de alerta, y señaló que están analizando qué medidas tomar, pero no descartan que haya consecuencias. En este contexto, calificaron la derogación como un “acto de regresión en los derechos de los pueblos originarios”.
