Los lineamientos políticos de los primeros 12 meses de la gestión de Javier Milei, con algunos matices y muchas contradicciones, caminaron siempre por esos cuatro senderos.
Si bien tuvo un tropezón el viernes con la expulsión del senador entrerriano Edgardo Kueider, aliado de turno y “traficante” de dólares en flagrancia, el disruptivo presidente anarcocapitalista disfruta por estas horas de las mieles de haberle ganado la primera batalla a la inflación -noviembre indicó un 2,4%-, aunque sabe que la guerra es larga y que son muchos los capítulos que habrá por delante en esta serie de terror que la Argentina sufre desde hace décadas con los precios.
Proclive a equivocarse, este escriba cree que el 2024 que se despide posiblemente haya sido uno de los años en los que más de habló de energía, en todas sus variantes y variables.
De los logros de Vaca Muerta, batiendo marcas mes a mes (747.000 barriles por día en octubre), a los desaguisados por un gasoducto NK (ahora Perito Moreno) que se terminó tarde y en el invierno le costó una tonelada de dólares al gobierno por importación de gas al norte; de los ilusionantes números de YPF, el mentado proyecto con tenor tenístico 4x4 y el desprendimiento de viejos yacimientos convencionales, a la escalada casi histórica de las tarifas eléctricas y el gas; de la decisión de potenciar la minería en donde sea necesario, la irrupción de Río Negro en el tren Vaca Muerta y la salida de Axion Mobile, a la reglamentación del hiper nombrado artículo 6 en la Ley Bases, que define cuestiones tan importantes como los criterios de explotación, comercialización y exportación de los hidrocarburos.
Posiblemente este último punto, que en general pasó desapercibido para la opinión pública pero que era leitmotiv en el ansioso escenario de la industria energética, sobre todo en Vaca Muerta, grafica de alguna manera la construcción de las nuevas formas de hacer política que tanto dice odiar el gobierno. Con el decreto 1057/24, la administración de Javier Milei reglamentó la modificación de una ley 17319 que, sancionada en épocas dictatoriales (1967), estaba pensada más para el autoabastecimiento de gas y combustibles líquidos que para una apertura a los mercados internacionales.
Vaca Muerta y la explotación de los no convencionales cambiaron la matriz no sólo de la industria energética nacional, más bien de la economía nacional. Con obras de infraestructura acordes y un mercado interno ampliamente abastecido, el sector necesitaba (y esperaba) un nuevo encuadre legal que fuese hacia un formato plenamente exportador. Con eso al menos soñaban los grandes jugadores de la industria. Y si bien se vio con buenos ojos la reglamentación del artículo 6, y más la ampliación de la bautizada “Ley Chevron”, para algunos el aggiornamiento de la ley se quedó a medias.
“Todo el mundo estaba expectante para ver cómo iba a resolver el gobierno el bendito tema de las objeciones, y lo hizo por el lado de la ‘seguridad de suministro’. Entonces, acá la realidad es que no hay una habilitación ciento por ciento para exportar en firme de manera ilimitada, como muchos querían. Es decir, el Estado podría intervenir en el mercado frente a alguna crisis de demanda en el país, que sería lógico. Pero también podría hacerlo por cuestiones de precios”, analizó el asesor legal de una firma multinacional. Y siguió: “es cierto que con la ley antigua había muchísimas más restricciones y los permisos de exportación eran con grandes limitantes, y que a partir de la Ley Bases daría la sensación que esto será más amplio. De todas maneras, y de acuerdo a lo que dice la fría letra de la nueva norma, de acá en más también habrá que pasar diferentes certificaciones para exportar, y tendremos el obstáculo de la ‘seguridad de suministro’, que por ahora no está demasiado claro”.
¿La firmeza de exportación a largo plazo no está tan firme? ¿El gobierno usa la reglamentación como una defensa de la competencia de precios en el mercado? ¿Llegará la lluvia de inversiones?
Aun respondiendo virtualmente las preguntas de quien suscribe, al abogado se le olfatea el fastidio. Quizá sea un par de emojis que deja escapar. Obviamente, esperaba más mercado y menos Estado, precios internacionales alineados con los nacionales y varios etcéteras. No es el único en la industria del Oil&Gas que lo piensa así y levanta temperatura, porque lo que definía la mentada reglamentación era un gigantesco dilema entre la libertad de precios VS. la seguridad energética. Como si se estuviese reeditando nuevamente la final de la Libertadores en Madrid (perdón a los amigos boquenses).
El gobierno, aun libertario, aun anarcocapitalista, terminante en la motosierra y siempre radical e iracundo con lo que define como oposición/casta, esta vez decretó una suerte de empate técnico y dejó la cuestión de fondo para ir zanjando en el terreno. Al menos esa es la sensación.
¿La firmeza de exportación a largo plazo no está tan firme? ¿El gobierno usa la reglamentación como una defensa de la competencia de precios en el mercado? ¿Llegará la lluvia de inversiones? Lo veremos con el tiempo.
Eso sí, el viernes les sacó una sonrisa a los exportadores el secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, durante el Día del Petróleo organizado por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Allí, todos trajeados y expectantes, uno de los funcionarios predilectos del ministro Toto Caputo comunicó que en 2025 las compañías que formen parte del “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” podrán exportar el 20% de su producción y no pagarán impuestos sobre ese total, con el plus que las divisas podrán mantenerlas en el exterior “siempre y cuando cumplan con haber invertido más de 250 millones de dólares en los tres años siguientes”.
Luces y sombras
En los servicios públicos, particularmente en la luz y el gas, el primer año de Milei también fue ambivalente y con muchas contradicciones, aunque hubo un profundo ajuste durante los primeros meses que consiguió achicar fabulosas distorsiones que venían de décadas pasadas.
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Los incrementos que definió el gobierno en las facturas de energía eléctrica y gas domiciliario posiblemente no se hayan visto jamás en la historia. Al menos en la historia contemporánea. Hablando del pago chico, las distribuidoras Calf, EPEN y EdERSA (las más grandes de Neuquén y Río Negro) tuvieron aumentos en sus facturas de hasta el 500% (entre diciembre 2023 y octubre 2024) %, mientras que las subas tarifarias de Camuzzi llegaron en muchos casos a ser 10 veces lo que abonaba un usuario regional (en el caso de ser Nivel 1, de mayores ingresos).
Milei hizo en el despertar de su gobierno lo que Macri no consiguió en 4 años: recortó fuerte los subsidios para bajar el déficit fiscal, controló ese gasto, aprobó aumentos importantes en el costo monómico del megavatio y generó una potente recomposición de tarifas en todos los eslabones de la cadena (generación, transporte y distribución).
Hoy, con millones de matices, el escenario es diametralmente diferente a noviembre de 2023, porque existe la mayor cobertura tarifaria desde la salida de la convertibilidad, que pasó del 30% a alrededor del 85% (ergo, el Estado pone menos dinero allí), pero existe una alarma que mete pavor en la Casa Rosada: la posibilidad cierta de apagones, contingencias y cortes programados por la falta de inversión en los últimos años en obras troncales de transmisión, en 500 kV, en el sector de la energía eléctrica.
Si bien los índices de cobrabilidad de las distribuidoras eléctricas y de gas son altos (superan el 90%), dato que hace pensar en que buena parte de la población aún confianza en la cultura de la “motosierra”, el esfuerzo que ha hecho la población en esta recomposición de costos (¿y de rentabilidad?) ha sido, y sigue siendo, como el de la fábula de Sísifo y la montaña.
Y el sistema eléctrico particularmente ingresó en una etapa de prueba determinante. El verano pasado estuvo al límite y en el que llega, que se espera será más álgido y con temperaturas extremas, existe menos disponibilidad de abastecimiento, por lo que el gobierno pondrá en marcha máquinas de generación viejas y ofrecerá un “Fee” sabroso a grandes industrias para que, si el cinturón aprieta, liberen potencia que ya contrataron.
Esta última medida, si bien no incentiva la generación eléctrica más eficiente, busca mitigar un potencial riesgo y tiene un corte netamente de mercado. Pero el problema sigue existiendo, porque en los últimos 20 años la demanda de electricidad creció más de un 100% (de acuerdo a datos de Transener, a la que el gobierno quiere privatizar) pero el sistema de transmisión de energía no alcanzó a expandirse en un 50%, dado que hace casi una década que no se hacen grandes obras.
Y aquí el dilema. ¿Quién va a afrontar obras de esta envergadura? Siendo “el topo que destruye al Estado desde adentro”, la respuesta siempre estará del lado de los privados. En Vaca Muerta, para llegar a los deseados números en 2025 (1,5 millones de barriles y 230 millones de metros cúbicos día), en la extracción minera (pronto le dedicaremos más líneas) y en servicios tan abandonados durante años, como el eléctrico.
