La explotación offshore sumó un nuevo capítulo en Argentina, en menos de un mes el Estado Nacional, través de la Secretaría de Energía, oficializó la extinción del permiso de exploración de hidrocarburos sobre el área MLO_114, ubicada en el ámbito Costa Afuera Nacional, y se anunció la exploración del bloque OFF-5, ubicado en aguas profundas a 200 km de la costa de Uruguay, por parte de YPF y Eni. Ahora, las novedades llegan desde las Islas Malvinas, donde se desarrolla el proyecto Sea Lion y tiene en vilo la lucha por la soberanía nacional con dos jugadores grandes: Inglaterra e Israel.
La iniciativa, que desarrolla la empresa petrolera británica Rockhopper, recibió un empujón importante con la firma del FID (decisión final de inversión) de la compañía israelí Navitas Petroleum Development and Production (NPDP). De esta manera se pone en marcha la primera fase de desarrollo del yacimiento, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas.
Con el visto bueno del gobierno isleño para los planes de desarrollo y producción de las fases 1 y 2 del Área Norte, las licencias pasan ahora a la llamada “Fase de Explotación”, un período de 35 años prorrogable, pensado para abarcar toda la vida productiva del campo. A nivel técnico, el proyecto contempla unos 170 millones de barriles y un pico de producción cercano a los 50.000 barriles por día. Para eso, el plan es perforar 11 pozos submarinos conectados a un FPSO (un buque de producción, almacenamiento y descarga) que será reacondicionado especialmente. La primera perforación recién llegaría a fines de 2026 y el primer petróleo está proyectado para 2028.
En una segunda etapa sumarían otros 12 pozos y permitiría incorporar unos 149 millones de barriles adicionales en recursos. En total, Sea Lion tiene certificadas 319 millones de barriles, pero su volumen bruto escala hasta los 917 millones, de los cuales 727 millones están catalogados como “pendientes de desarrollo”. Es decir: hay petróleo, es grande y el planteo industrial apunta a un desarrollo de largo aliento.
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Para llegar a ese objetivo, Navitas ya firmó contratos clave: desde el alquiler del FPSO hasta el contrato de perforación, los servicios de completación y un acuerdo EPCIC (Ingeniería, Adquisiciones, Construcción, Instalación, Puesta en Marcha o llave en mano, por sus siglas en inglés) para la ingeniería y puesta en marcha de los sistemas submarinos. En términos de participación, la compañía israelí opera el bloque con el 65% y Rockhopper Exploration mantiene el 35%.
Ahora bien, mientras las empresas avanzan, la reacción argentina fue inmediata y contundente. La Cancillería rechazó la autorización otorgada por las autoridades isleñas y calificó tanto al proyecto como a las compañías involucradas como “ilegítimos e ilegales”. En un comunicado fuerte, el Gobierno argentino advirtió que cualquier actor que participe o facilite estas actividades podría enfrentar sanciones, restricciones operativas y acciones legales tanto a nivel nacional como internacional.
Argentina reafirmó que las actividades hidrocarburíferas en la zona vulneran su soberanía y aseguró que se reserva todas las herramientas disponibles para frenarlas y proteger sus intereses. El desarrollo, que prevé una inversión inicial de alrededor de 2.100 millones de dólares, quedó así atravesado por la disputa diplomática que desde hace décadas marca todo lo que ocurre en torno a las Malvinas.
Sea Lion promete volumen, inversión y un cronograma claro hacia el primer barril. Pero, como siempre en el Atlántico Sur, la geología nunca viene sola: la política y la soberanía siguen siendo variables tan determinantes como los pozos, el FPSO o los números del FID.
