El Estado argentino apeló finalmente el fallo que lo obliga a entregar su 51% de participación en la petrolera YPF, en el marco de la causa iniciada por dos fondos buitre que no cobraron sus acciones durante el proceso de nacionalización de la compañía en 2012.
Los fondos cuestionan la expropiación aplicada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y lograron que la jueza Loretta Preska dictara un fallo en primera instancia que obligaría a la Argentina a pagar USD 16.100 millones.
Inmediatamente después de conocerse la apelación, Preska —jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York— convocó a las partes a una instancia de “negociación”, según informó el especialista y director de Latam Advisors, Sebastián Maril, a través de sus redes sociales.
Desde el Gobierno ya advirtieron que no podrían entregar YPF, ya que esa operación debe pasar por el Congreso por ley. El fallo fue emitido el 30 de junio pasado y le otorgó a la Argentina un plazo de dos semanas para cumplir con la cesión de las acciones.
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Preska dispuso que se ordene a la Argentina “transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden”.
Horas después, la magistrada norteamericana convocó al país y a los beneficiarios del fallo a una reunión en su corte, con el objetivo de destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el argumento de los demandantes, el cual indica que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”.
Esto, conocido comúnmente como “alter ego”, se refiere a la solicitud de información de funcionarios del Gobierno actual y anterior, con el objetivo de probar que hubo injerencia política en las decisiones de la empresa.
Si se confirmara la intromisión del Gobierno dentro de la petrolera, como esperan los fondos especulativos, jurídicamente el Estado e YPF serían “la misma entidad”.
Los demandantes quieren demostrar que el Estado argentino no solo es dueño de YPF, sino también de Aerolíneas Argentinas, ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima), ENARSA (Energía Argentina Sociedad Anónima) y el BCRA (Banco Central), lo que podría terminar disparando más embargos.
