El Gobierno nacional pone en marcha un plan integral destinado a sanear las deudas que mantienen distribuidoras y cooperativas eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). A través de la Disposición 1/2025 publicada en el Boletín Oficial, la administración central activa una estrategia para normalizar la situación financiera del sector y erradicar la práctica de cubrir la morosidad con emisión monetaria, factor que impacta negativamente en la economía general.
La medida gubernamental establece algunas condiciones de pago para las empresas adheridas. Estas incluyen un período de gracia de hasta 12 meses y la posibilidad de cancelar las obligaciones en un máximo de 72 cuotas, con una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El plazo para que las distribuidoras y cooperativas se sumen a este plan y formalicen los acuerdos correspondientes es de 60 días corridos.
No obstante, la adhesión al plan de regularización impone a las empresas beneficiarias el cumplimiento de reglas estrictas. Entre ellas, se destaca la obligación de abonar la deuda corriente sin incurrir en atrasos y la presentación de planes de inversión detallados para la mejora de la infraestructura eléctrica y, por consiguiente, del servicio que prestan a los usuarios. El incumplimiento de estas condiciones acarreará la pérdida automática de los beneficios otorgados y la aplicación de sanciones.
En contrapartida, el Ejecutivo nacional prevé incentivos para aquellas empresas que demostraron un comportamiento fiscal responsable durante el año 2024. Las distribuidoras y cooperativas que hayan mantenido sus pagos al día y no registren deudas previas a diciembre de 2023 accederán a créditos que se aplicarán en sus facturas, promoviendo así una cultura de cumplimiento y la sostenibilidad del sistema.
Las autoridades nacionales resaltan los resultados iniciales del proceso de normalización del sistema eléctrico. Al inicio de la gestión, según la Secretaría de Energía, la cobrabilidad de CAMMESA se situaba en un 48%, y el Tesoro Nacional debía cubrir el déficit mediante la emisión de moneda, lo que contribuía a la escalada inflacionaria. En el presente, la implementación de tarifas que reflejan los costos reales, la focalización de subsidios y una desregulación gradual del mercado permitieron alcanzar un nivel de cobrabilidad del 97%. Este nuevo plan de regularización busca consolidar este avance, asegurando que las empresas abonen la energía que consumen, accedan a financiamiento privado y disminuyan su dependencia del Estado.
La Disposición 1/2025 establece un plazo de 15 días hábiles, a partir de su publicación, para que las distribuidoras de energía eléctrica interesadas en adherir al plan comuniquen su intención a CAMMESA. Esta comunicación inicial permitirá encuadrar las peticiones de cada empresa dentro del marco regulatorio establecido.
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Al fundamentar la medida, el Poder Ejecutivo subraya la necesidad de fortalecer la capacidad de cobro y brindar certidumbre a los acreedores del MEM. Considera esta iniciativa como parte de la implementación de políticas estructurales orientadas a lograr un funcionamiento autónomo, competitivo y sustentable del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que facilite la libre contratación entre la oferta y la demanda de energía eléctrica.
Asimismo, el Gobierno nacional argumenta que este plan representa la alternativa más adecuada para que las distribuidoras de energía eléctrica protejan su flujo de caja operativo y garanticen un suministro confiable y eficiente a los usuarios. Además, la regularización de las deudas posibilitará que estas empresas puedan realizar inversiones en infraestructura moderna y llevar a cabo análisis de costos para optimizar su operación en el largo plazo.
