Un día en Vaca Muerta todo cambió. Fue el 16 de julio de 2013, cuando Miguel Galuccio, entonces presidente de YPF, y Alí Moshiri, titular de Chevron para América Latina y África, firmaron un acuerdo para que la empresa estadounidense pusiera sus primeros mil millones de dólares en la incipiente cuenca Neuquina.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuvo que firmar el decreto 929/2013 para permitir la libre disponibilidad de divisas, las exportaciones sin retenciones y la extensión de concesiones hasta por 35 años en yacimientos no convencionales, tres condiciones que hicieron posible el trato. Un traje a medida para una empresa que venía con el fracking bajo el brazo y la plata en la mano. Discusiones más o menos, fue el puntapié inicial del shale neuquino, que hoy impulsa la industria energética nacional y también la economía. Doce años después, el gobierno de Javier Milei lo derogó.
El 929/2013 nació de una necesidad urgente: convencer a una multinacional de invertir en un país con cepo cambiario, reservas en declive y una YPF recién reestatizada que necesitaba desesperadamente un socio tecnológico y financiero para desarrollar el diamante en bruto del shale de Vaca Muerta. El resultado fue Loma Campana, el yacimiento no convencional más productivo del mundo fuera de Estados Unidos.
El decreto era, también, una rareza jurídica. Concedía beneficios extraordinarios a las empresas que invirtieran más de 1000 millones de dólares en proyectos de hidrocarburos no convencionales: podían exportar el 20% de su producción sin retenciones y quedarse con las divisas generadas. Era el precio de entrada a una formación que el mundo todavía miraba con una mezcla de entusiasmo y escepticismo.
Con el tiempo, ese acuerdo se convirtió en el primer eslabón de la cadena, que luego sumó los eslabones de Petronas, Equinor, Total, Shell, Exxon y otras. Vaca Muerta dejó de ser una promesa geológica para convertirse en una realidad. El decreto fue la partida de nacimiento de toda una industria. Pasaron 12 años, nueves meses y 22 días para que ese documento fuera derogado, y los beneficios de la cuenca Neuquina renovados.
El RIGI como sucesor
La derogación del decreto Chevron no es un gesto rupturista sino una sustitución. El gobierno de Milei entiende que esa normativo cumplió su ciclo y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), sancionado en 2024 en el marco de la Ley de Bases, es el reemplazo natural para garantizar la evolución del sector con exigencia de inversiones mínimas de 200 millones de dólares y estabilidad fiscal por 30 años, que permite litigar en el exterior ante controversias sin distinción de empresas locales y extranjeras. La lógica es la misma que en 2013: dar certezas jurídicas y cambiarias para atraer capital. Pero la escala es diferente.
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La prueba piloto fue el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), desarrollado por YPF, PAE, Vista, Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron y Shell, que obtuvo en marzo de 2025 la aprobación oficial del RIGI con una inversión inicial de 2.700 millones de dólares financiados en parte con un crédito sindicado de cinco bancos internacionales.
El decreto de 2013 fue el comienzo: incierto, polémico, secreto en sus cláusulas pero fundacional en sus efectos. Su derogación cierra esa etapa. La formación creció y necesita un marco a su altura. El comienzo terminó. Lo que viene es más grande, más caro y más difícil de construir. También, si las cosas salen bien, mucho más transformador.
