El Gobierno nacional oficializó la actualización integral de los parámetros ambientales para instalaciones de transporte eléctrico de 132 kV. La medida moderniza un marco regulatorio que permanecía estancado desde hace 27 años y busca eliminar obstáculos burocráticos en el desarrollo de la red eléctrica nacional.
La nueva normativa adopta estándares internacionales de organismos de referencia como la OMS (Organización Mundial de la Salud), la ICNIRP (Comisión Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes) y el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). El cambio se apoya en la evidencia científica más reciente sobre la exposición a Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja (CEMFEB).
Eliminación de costos y trabas operativas
El esquema anterior presentaba exigencias que sobrecumplían los estándares globales sin sustento científico actual. Esta situación provocaba restricciones, demoras en los plazos de ejecución y costos adicionales en las obras de infraestructura.
Con la resolución impulsada por la Secretaría de Energía, bajo la conducción de María Tettamanti, el Estado busca:
- Ordenar criterios técnicos: Unifica los parámetros de medición y control en todo el territorio.
- Asegurar la previsibilidad: Brinda reglas operativas claras para las empresas del sector.
- Optimizar la inversión: Reduce gastos derivados de normativas obsoletas, permitiendo una expansión más eficiente del sistema de transporte.
Un proceso con respaldo técnico y sectorial
La actualización es el resultado de un trabajo conjunto entre diversas carteras y organismos clave del sector energético y sanitario:
- Salud y Ambiente: El Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Ambiente validaron la consistencia científica de los nuevos parámetros.
- Organismos de control: Intervinieron el ENRE y CAMMESA, garantizando que la aplicación sea técnicamente sólida y homogénea.
- Cámaras empresariales: El sector privado participó del proceso, coincidiendo en la urgencia de contar con criterios consistentes para fortalecer la seguridad jurídica.
Desde la Secretaría de Energía remarcan que este cambio no significa un retroceso en la protección ambiental o sanitaria. Por el contrario, el nuevo marco fortalece la seguridad mediante metodologías de medición reconocidas internacionalmente y parámetros mucho más precisos.
Te puede interesar
Aplicación y transición ordenada
La resolución establece un esquema de implementación que evita conflictos con la infraestructura actual:
- Nuevos proyectos: Los parámetros actualizados rigen de forma obligatoria para todas las nuevas obras y ampliaciones.
- Instalaciones existentes: Mantienen su condición regulatoria actual, lo que garantiza una transición sin sobresaltos para las empresas distribuidoras y transportistas.
Esta medida forma parte del plan de modernización y eficiencia del sector eléctrico nacional. Al alinear las normas locales con los estándares internacionales más exigentes, el Gobierno promueve un desarrollo energético sostenible y seguro, facilitando la infraestructura necesaria para el crecimiento de la demanda en centros industriales y zonas de producción.
