La Cadena Nacional del presidente Javier Milei comenzó a enlazar eslabones en diferentes niveles para avanzar en el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas y evitar la explotación del yacimiento Sea Lion, de la Cuenca Malvinas Norte, cuyos recursos naturales Argentina considera parte de un territorio en disputa que reclama como propio.
El Gobierno Nacional, a través de la Cancillería, presentó una denuncia penal contra cinco petroleras por operar en las islas, en violación de la Ley 26.659, que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin la autorización expresa del Estado argentino.
La presentación, a cargo del canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de directores, gerentes y representantes que hubieran intervenido en los hechos investigados. Según el Estado argentino, las tres primeras cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para explorar y/o explotar hidrocarburos en la cuenca; Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas quedaron incluidas como accionistas de esas licenciatarias. Por su parte, Rockhopper, que tiene el 35% de Sea Lion, no aparece en la causa.
"La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes", señaló la Oficina del Presidente, que agregó que continuará con las investigaciones y las acciones que considere necesarias ante actos que, según su posición, vulneren los derechos soberanos de la Argentina.
Al mismo tiempo que la denuncia, el presidente Javier Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que se priorice, durante la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional 2027, el desarrollo de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y de otros proyectos estratégicos destinados a la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos. La ley de leyes deberá ser remitida al Congreso el próximo 15 de septiembre.
Los vientos externos
Mientras en Argentina se avanza en un frente judicial, en el mundo la causa Malvinas toma un impulso inesperado. Primero fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que podía modificar algunos criterios de política internacional y revisar sus posturas. Ahora se sumó el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que se expresó a favor del reclamo argentino.
Ben Gvir no hizo una declaración a la prensa, sino que instó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a reconocer la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, cuestionó la presencia británica en el archipiélago y acusó al Reino Unido de explotar sus recursos naturales.
“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, escribió Ben Gvir en su cuenta de X y mencionó a Javier Milei y Benjamin Netanyahu, que un vínculo personal estrecho y una alianza política marcada por un fuerte alineamiento geopolítico
“No solo se conforma con ocupar el territorio, sino que también realiza allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”, agregó el ministro y concluyó: “Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”.
El mensaje no es más que un dicho público, pero que sucede en una esfera de poder importante y en un momento clave para los reclamos argentinos, que llevan más de un siglo de espera. El año pasado, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, ya había planteado el tema en la misma red social con un escueto texto que decía: ¡Las Islas Malvinas pertenecen a Argentina!”. Otro aliado es China, que históricamente pidió por la soberanía argentina.
Los dichos de los funcionarios de Israel en favor de Argentina tiene la paradoja de que el estado nacional denunció y quiere avanzar contra la empresa Navitas, cuyos capitales son israelí y la sede de la firma está en suelo israelita.
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Quiénes están detrás de Sea Lion
El proyecto Sea Lion, ubicado 220 kilómetros al norte de las Malvinas y con una decisión final de inversión adoptada en diciembre de 2025, está en manos de dos petroleras de escala intermedia: la israelí Navitas Petroleum, operadora y titular del 65% del negocio, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Ninguna de las majors globales participa del desarrollo, algunas de las cuales si lo hacen en Argentina, en Vaca Muerta y en plataformas offshore.
Ambas compañías están inhabilitadas por veinte años para operar en el país: Rockhopper desde 2013 (Resolución 476/2013) y Navitas desde 2022, cuando la Secretaría de Energía declaró clandestinas sus actividades vinculadas a Malvinas. La denuncia penal de esta semana es un escalón adicional sobre esa base administrativa: ya no se trata solo de inhabilitar a futuro, sino de buscar responsabilidad penal por lo actuado.
El antecedente que incomoda: Harbour Energy
Antes de que Navitas tomara el control de Sea Lion, la británica Harbour Energy tuvo el 40% del proyecto. En 2022 decidió desprenderse de esa participación y se la vendió a Navitas, que así asumió la operación del área. Fue, según reconstruyeron distintos medios especializados, un antecedente que la propia Cancillería mencionó al formalizar la sanción contra Navitas: Harbour se retiró del trámite mientras la israelí decidió continuar.
¿Qué hizo Harbour con esa salida? Reforzó su apuesta en la Argentina continental. En 2024 compró los activos de la alemana Wintershall Dea en el país, lo que le dio presencia en Aguada Pichana Este y San Roque, dos áreas clave de Vaca Muerta. También sumó participación en el proyecto offshore Fénix, en Tierra del Fuego, junto a TotalEnergies y PAE, y entró con el 15% al proyecto de GNL que PAE desarrolla para exportar desde el Golfo San Matías.
La secuencia es elocuente: la misma empresa que decidió no seguir en Malvinas es, hoy, un actor activo y sin cuestionamientos legales en la cuenca neuquina y en el offshore fueguino.
La paradoja del RIGI
El contraste no termina ahí. Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú y especialista en oil & gas, marcó otra tensión: mientras el Gobierno ubica a los hidrocarburos en el centro de su estrategia exportadora y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) movilizó proyectos multimillonarios en Vaca Muerta, oleoductos y GNL, la exploración offshore en el Mar Argentino quedó vacante.
En febrero, el propio Gobierno redujo de 600 a 200 millones de dólares el piso de inversión requerido para que un proyecto de exploración offshore pueda adherirse al RIGI. Aun así, no se presentó una sola iniciativa. YPF tiene seis bloques offshore en el Mar Argentino y otro frente a Uruguay, todos en etapa exploratoria, pero ninguno derivó en una solicitud de adhesión al régimen.
Hay, además, un antecedente concreto que podría reactivarse. En 2018 se adjudicaron 18 áreas en tres cuencas del país, nueve de ellas en la Cuenca Malvinas Oeste. Pero varias áreas quedaron sin ofertas en aquella ronda y siguen vacantes.
El otro frente: los negocios privados con las islas
La discusión sobre Malvinas también tuvo, esta semana, un capítulo empresarial puertas adentro. El empresario Eduardo Elsztain, con una gran emporio inmobiliario en el país, tuvo que explicar públicamente su plan para ayudar al reclamo de soberanía desde el sector empresarial. El magnate tiene una participación minoritaria —cercana al 2%— en la Falkland Islands Company (FIC), la compañía de mayor peso inmobiliario, agropecuario y hotelero en las islas, que compra desde 2005.
Según su propio relato, en 2017 intentó ir por el control mayoritario de la FIC, aprovechando una oferta pública de compra lanzada por los propios empleados de la firma. La operación fue bloqueada por las autoridades británicas, con declaraciones en contra incluso de la entonces primera ministra Theresa May.
“La idea, que coincide con la estrategia diplomática de nuestro país desde hace décadas, era que estrechar los lazos sociales, económicos, culturales y productivos con las Islas Malvinas a través de una empresa argentina podía ayudar en el reclamo de soberanía”, explicó el empresario.
