La investigación judicial sobre Comarsa avanza con nuevas imputaciones presentadas por el Ministerio Público Fiscal de Neuquén. La empresa enfrenta acusaciones por verter residuos petroleros sin tratamiento en el Parque Industrial Oeste, en Neuquén capital, lo que provocó un significativo daño ambiental. Durante una audiencia reciente, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid expuso nuevas pruebas y solicitó una prórroga de seis meses en una causa catalogada como compleja.
Según información oficial, las operaciones de la empresa apuntada se llevaron a cabo fuera del predio autorizado, lo que intensificó las consecuencias ambientales. También se investiga una presunta estafa económica debido a la recepción de fondos millonarios destinados a un saneamiento que no se realizó.
Los involucrados y delitos atribuidos
- Juan Manuel Luis: presidente y accionista mayoritario desde 2014.
- Héctor Basilotta: director suplente y encargado de tareas de control hasta 2021.
- Federico Ponce: gerente general y responsable técnico entre 2013 y 2016.
Las imputaciones incluyen contaminación peligrosa para la salud pública, según la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, y administración fraudulenta en concurso real. Originalmente, el delito de administración fraudulenta se atribuía a los tres como coautores, pero la reformulación focaliza esa responsabilidad en Luis, mientras que Basilotta y Ponce aparecen como partícipes necesarios.
La fiscalía pidió mantener las medidas cautelares existentes y ampliar los embargos, además de restringir la salida del país a los acusados sin autorización judicial.
Antecedentes del caso y daños ambientales
La causa se inició en 2020, luego de una denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que alertó sobre la acumulación de barros empetrolados en el Parque Industrial neuquino. La falta de tratamiento adecuado de esos residuos generó un impacto ambiental considerable.
Las querellas, representadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén, respaldaron la reformulación de cargos. Según Bruno Vadalá, abogado de la querella, la empresa recibió fondos significativos para un saneamiento que nunca se llevó a cabo, con consecuencias perjudiciales tanto para el ambiente como para la economía.
En la próxima instancia judicial, la fiscalía detallará la cantidad de residuos contaminantes y el dinero recibido por Comarsa en el marco de esta operación bajo investigación. El proceso continúa incorporando nuevos elementos que agravan la situación de los directivos implicados.
La reparación ambiental en proceso
El operativo para el retiro de 210.000 metros cúbicos de residuos especiales almacenados por Comarsa se puso en marcha, en enero, según la secretaria de Ambiente de la provincia, Leticia Esteves, quién está a cargo del monitoreo de las tareas y el cumplimiento de todas las normativas vigentes.
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"Nosotros estamos resolviendo los problemas, no haciendo circo", afirmó Esteves al referirse al traslado autorizado hacia una empresa tratadora Indarsa, ubicada en Añelo.
Este operativo fue habilitado por la resolución N° 0159/2024 emitida en octubre del 2024, que establece un plan de traslado con un plazo máximo de 24 meses. Una resolución que provocó opiniones encontradas ya que eliminó la obligatoriedad del uso de mantas oleofílicas en los pozos petroleros como medida de prevención ante el derrame de hidrocarburos y derivados en los suelos neuquinos.
Según este cronograma, Comarsa deberá retirar un mínimo de 17.500 metros cúbicos de residuos bimestralmente, aunque este volumen no incluye los 31.000 metros cúbicos almacenados en biopilas dentro del predio.
