Hacer del mundo un lugar más sustentable es una agenda que hace años no se ponía en discusión y que, al menos en la teoría, vuelve a dividir al gobierno nacional de Javier Milei del provincial de Rolando Figueroa. El mandatario neuquino, en una jugada elíptica y astuta, mostró los dientes al dejar en claro que no le pondrá su firma al traspaso de los campos maduros de los que quiere desprenderse YPF, si antes la petrolera de bandera (o la adjudicataria, en su defecto) no hace la remediación medioambiental.
"Con YPF estamos trabajando bien, pero tenemos nuestros propios intereses que debemos defender. No se trata solo de rentabilidad económica, se trata de que Neuquén viva mejor, y eso implica exigir estándares más altos en la protección ambiental", aseguró Figueroa, y puso segunda en el tema: "Estamos exigiendo que las empresas que operan en la provincia tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, porque no podemos seguir con la misma laxitud con la que se manejaron en el pasado". El disparo fue directo a las entrañas del Movimiento Popular Neuquino al que venció históricamente en diciembre y al que le gustaría tener bajo su ala en las próximas elecciones legislativas.
Rolo jura que tiene muy buena relación con YPF en general y con su presidente Horacio Marín en particular, pero no le hará las cosas sencillas.
Marín, en su mentado proyecto 4x4, le puso especial atención al plan de venta de campos maduros que bautizó “Proyecto Andes”. Tanto, que ya adjudicó cuatro grupos de áreas (en Chubut, Mendoza y Río Negro) y negocia otras cinco, dos de ellas en la capital de Vaca Muerta: los clústeres “Neuquén Sur” y “Neuquén Norte”, ambos adjudicados a Bentia Energy, una unión entre el ex ministro de Energía macrista Javier Iguacel, ingeniería SIMA y TB Cargo. Claro, en YPF no esperaban la jugada del mandatario neuquino, que condicionó los avances del acuerdo (su rúbrica básicamente) a que se produzca el lógico sellado de los pozos.
“Nosotros no hemos firmado ninguna de las cesiones de áreas; estamos exigiendo a las empresas que modifiquen sus planes de negocio para garantizar el sellado de los pozos al finalizar la explotación”, ladró el de Chos Malal en más de una oportunidad, la última de ellas el viernes, cuando realizó un repaso de su primer año de gestión junto a su gabinete y parte de la prensa regional.
En las antípodas, Milei durante el primer año de gestión degradó el Ministerio de Ambiente al rango de subsecretaría, en una decisión que fue mucho más que simbólica; no incluyó en el RIGI ninguna condición ambiental para las empresas beneficiarias; podó en más de un 40% el presupuesto de Ambiente en el primer semestre de 2024; no llegó a ejecutar ni el 2% del presupuesto destinado a energías renovables; y recortó los dineros destinados a cumplir con la Ley de Manejo del Fuego.
Durante la larga campaña electoral que lo llevó al sillón del histórico edificio neuquino de calles Roca y La Rioja, y ya con las llaves de este motor económico llamado Vaca Muerta, Rolando Figueroa enarboló permanentemente los temas ambientales como políticas de Estado, exigiéndole más al sector privado, como ya lo hizo pasando la gorra para que las empresas de mayor peso lo ayuden con millonarias obras de infraestructura y comunicación terrestres, paralizadas desde la Casa Rosada cuando se puso a andar con fuerza la motosierra.
Figueroa, antes que un demagogo, es un pragmático. Lo esclarecen las alianzas que pergeñó para desbancar al MPN después de décadas en el poder, y también las medidas que fue tomando a lo largo de estos más de 12 meses, zigzagueante entre círculos rojos, recortes nacionales, liga de gobernadores patagónicos y salidas al exterior en busca de dineros frescos. Siempre con una agenda propia.
El Acuerdo de París, que incomoda a la Casa Rosada, cambió la agenda, sobre todo en materia de energía y negocios. El objetivo al final del camino siempre será limitar el calentamiento global, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y hacer un planeta más vivible y sustentable, manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar aún más ese incremento.
Cinco años tardó el Acuerdo en entrar en vigencia. Fue el tiempo que le llevó a la ONU reunir la firma de las 55 Naciones más contaminantes e industrializadas del mundo. Una digresión de esta escriba: estamos realmente en problemas si los que definen no toman en serio un tema que ya es flagelo. Algunos datos para entender el fenómeno:
- El 82% de consumo energético mundial primario es con combustibles fósiles.
- El 99% del parque automotor mundial es a combustión.
- Existen 1.200 millones de vehículos para 8.000 millones de personas.
Todo va al ambiente. Todo condiciona el presente y pone en peligro el futuro.
De acuerdo a diferentes investigaciones, la mayoría de ellas británicas, menos de 60 empresas privadas y estatales son responsables de alrededor del 80% de emisiones de dióxido de carbono al ambiente. En el top 10 figuran un par de conocidas (de capitales privados) y con mucha injerencia en Vaca Muerta, lo que hace pensar que las manifestaciones de Figueroa tienen asidero y timming.
Además, no hay que olvidar que el Parlamento Europeo votó un acuerdo con los países de la Unión Europea para avanzar en una reglamentación para que quienes pretendan exportar Gas Natural Licuado (GNL) y petróleo a ese mercado, cumplan con ciertos requisitos de monitoreo, reporte y verificación en las emisiones de metano, a partir de enero de 2027. Es decir, cada vez son más los países que implementan políticas de tolerancia cero hacia aquellos productos que en su cadena de valor tengan mayores emisiones de carbono y otros GEI.
En Vaca Muerta deberán empezar a mirar el tema con atención, porque la directiva que la UE ungió como Diligencia Debida en materia de sostenibilidad corporativa regirá sobre todas las actividades económicas y establecerá que las empresas que exporten (en este caso GNL) deberán notificar o medir las emisiones de nivel 3 (de la cadena de valor). La medida explotó primero en Qatar, con amenazas de cierre de la canilla de exportación de parte del país árabe, pero la onda será expansiva.
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Las nuevas exigencias de la UE, sumadas a las políticas de descarbonización -que la mayoría de las grandes empresas se encuentran ejecutando o planificando en el epicentro de la roca madre- incrementa la importancia de los bonos “verdes” para la compensación de la huella de carbono, algo que en Argentina todavía no camina, apenas gatea.
Como ocurre siempre, el mundo encontró en las señales económicas las posibilidades del cambio. Los bonos forman parte de una estrategia económica para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través del comercio de carbono, disponiendo básicamente que quien contamina, pague. Así, cada país o región establece un límite máximo de emisiones que se reparte entre los diferentes sectores económicos. Argentina, si bien se ha comprometido a reducir sus emisiones a nivel internacional en la dialéctica y con la firma de acuerdos, no ha establecido aún límites por sector. Es cierto que hoy nuestro país y su industria son responsables sólo del 0,6% del CO2 que va a la atmósfera, como también es cierto que el que no se sube al tren de la sustentabilidad será mirada con muy malos ojos.
Argentina tiene una ley, la 2752, que fue promulgada en el período de Alberto Fernández. Establece como objetivos los presupuestos mínimos de “protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación del cambio climático en todo el territorio nacional”. La normativa nada habla del mercado de carbono, que tiene algunos proyectos incipientes, privados, voluntarios y dispersos, y que seguramente sufren por los derrapes continuos del gobierno en el mundo.
No hay certezas sobre el destino del tema bonos verdes en nuestro país, como tampoco hay acerca de la resolución final de una disputa que implosionó inesperadamente en las últimas horas, a partir de la decisión del desregulador Federico Sturzenegger de abrir la venta de chatarra al exterior, algo que no ocurría desde 2009. La guerra es básicamente entre el gobierno y el grupo Techint, que conduce Paolo Rocca, el magnate siderúrgico que juega en muchos escenarios (lógicamente también en Vaca Muerta), pero que sabe que el 80% de su facturación sale de la venta de acero.
Sturzenegger dice que el objetivo de la medida es eliminar los sobrecostos en la producción, para lograr bajar los precios del acero, pero suena algo raro el objetivo dado que para sustituir la chatarra ferrosa que se exportará nuevamente, las fábricas locales deberán importar minerales para completar el noble proceso de la producción de acero. En el mundo, la siderurgia trabaja muy fuerte en descarbonizar la industria, con el objetivo de alcanzar las cero emisiones de carbono en 2050. Entre las acciones que se adoptan, la primera pasa por aumentar el consumo de energías renovables y la segunda se enfoca precisamente en incrementar el consumo de chatarra frente a otras cargas metálicas no renovables y de origen extractivo, como el mineral de hierro.
Pozos convencionales que deben sellarse, transición energética, bonos verdes, chatarra. Todo tiene un hilo conductor, y un relato que vale defender. Figueroa jura que quiere una industria energética competitiva, responsable y resiliente con la población. Que haga de Neuquén un mejor lugar para vivir. Pero también sabe que el mundo cambió, que es un tembladeral en términos de geopolítica, que nadie sabe a ciencia cierta cuál será la velocidad de la transición energética (ya hablaremos al respecto) y que todo eso lleva a que Vaca Muerta, su desarrollo y expansión, dependa en buena medida de todo lo que se haga en términos de captura de carbono, su huella y los progresos tecnológicos.
