Argentina exporta petróleo, gas, carne y soja. Pronto podría exportar algo menos tangible pero igual de valioso: la reducción de emisiones de carbono. Un proyecto de ley presentado por la senadora Flavia Royón busca establecer el marco jurídico para el mercado voluntario de carbono en el país, una iniciativa que podría generar entre 1.400 y 3.900 millones de dólares anuales en exportaciones si se implementa de manera efectiva. Para una Argentina que construye su perfil exportador sobre la energía de Vaca Muerta, el mercado de carbono es la otra cara de esa misma moneda.
Los mercados de carbono funcionan como un sistema de incentivos global. Las empresas o productores que logran evitar, reducir o absorber gases contaminantes reciben certificados por ese beneficio ambiental, conocidos como créditos de carbono. Esos créditos se venden a corporaciones internacionales que necesitan compensar su propia huella ecológica para cumplir con compromisos climáticos ante sus accionistas, reguladores o mercados de destino. En esencia: quien reduce emisiones cobra, y quien no puede reducirlas paga.
Un potencial enorme con muy poco aprovechamiento
El contraste entre lo que Argentina podría hacer y lo que efectivamente hace en este mercado es llamativo. Según estimaciones del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería, el país podría generar al menos 131,4 millones de créditos de carbono anuales. Sin embargo, la Mesa Argentina de Carbono viene advirtiendo sobre el rezago local: mientras América Latina se consolidó como la segunda región proveedora de reducciones de emisiones del mundo, impulsada por marcos activos en Brasil y Colombia, Argentina concentra menos del 1% del total mundial. La causa principal es la falta de un marco normativo claro que dé previsibilidad a los proyectos y confianza a los inversores internacionales.
El proyecto de Royón apunta exactamente a cerrar esa brecha. La propuesta establece reglas de juego claras, estabilidad fiscal y un registro transparente para que las empresas globales encuentren en Argentina el entorno para financiar grandes desarrollos en energías renovables, eficiencia industrial y proyectos de conservación. "La descarbonización deja de ser vista como una carga operativa para posicionarse como un modelo de negocio rentable y sostenible", plantea la iniciativa.
Qué propone el proyecto
El corazón de la propuesta es la creación del Registro Nacional de Reducción de Emisiones, el ReNaRe. Esta plataforma digital, obligatoria y pública, funcionará bajo la órbita de las autoridades ambientales con el objetivo de centralizar cada iniciativa aprobada y garantizar la transparencia. El problema que busca resolver es concreto: evitar la doble contabilización, es decir, que la misma tonelada de CO2 reducida sea vendida dos veces a compradores distintos. Sin ese registro, la credibilidad del sistema se derrumba.
La normativa también respeta el esquema federal. Los recursos naturales pertenecen a las provincias y las jurisdicciones locales gestionarán sus propios proyectos en sintonía con la base de datos nacional. Para Neuquén, eso significa que los proyectos de reducción de emisiones vinculados a Vaca Muerta, a la generación renovable o a la eficiencia en el transporte de gas podrían generar ingresos adicionales que van directo a las arcas provinciales.
Para atraer capital, el proyecto introduce beneficios económicos concretos: exenciones impositivas temporales y estabilidad fiscal por quince años para quienes apuesten por este modelo. En un país donde la previsibilidad regulatoria es históricamente escasa, ese horizonte de 15 años es un argumento poderoso para los fondos de inversión climática internacional.
Las reglas que hacen funcionar el sistema
Dos conceptos técnicos son clave para entender la solidez de la propuesta. El primero es la "adicionalidad": solo podrán emitirse créditos cuando las reducciones de gases contaminantes vayan más allá de lo que ya exige la ley. Eso impide que las empresas cobren por cumplir obligaciones que ya tenían, garantizando que cada crédito represente un esfuerzo real y nuevo.
El segundo es la "permanencia", especialmente relevante para los proyectos basados en la naturaleza, como la protección de bosques o la conservación de suelos. La normativa exige que la captura y almacenamiento de carbono se mantengan estables y verificables a lo largo del tiempo, protegiéndose ante contingencias como incendios o degradación ambiental. Sin permanencia, un crédito emitido hoy puede perder su valor si el bosque que lo respaldaba desaparece mañana.
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Los precios internacionales de los créditos vinculados al Artículo 6 del Acuerdo de París, el mecanismo multilateral de compensación entre países, resultan entre dos y cinco veces superiores a los del mercado voluntario. Eso hace viable proyectos en sectores clave como energía, agro, bosques y gestión de residuos que hoy no cierran financieramente con los precios actuales del carbono voluntario.
Para Vaca Muerta, el mercado de carbono abre una dimensión nueva. Las operadoras que invierten en reducir emisiones en sus operaciones, en electrificar equipos de fractura, en capturar el gas que antes se ventilaba o en mejorar la eficiencia de sus flotas podrían monetizar esos esfuerzos vendiendo créditos a corporaciones europeas, japonesas o norteamericanas con compromisos de neutralidad climática. Lo que hoy es un costo operativo podría convertirse en una fuente de ingresos adicional, con reglas claras y compradores garantizados.
