En noviembre de 2011, la por entonces empresa privada YPF, controlada mayoritariamente por la española Repsol, anunció el hallazgo de una gran reserva de hidrocarburos en Neuquén, confirmando las predicciones que Charles Weaver había hecho 80 años antes. Cuatro meses más tarde, en febrero de 2012, la compañía amplió sus estimaciones y las triplicó.
Esa enorme cantidad de gas y petróleo representaba para Argentina una oportunidad económica inigualable, pero requería de una empresa capaz de liderar el desarrollo. Si bien Chevron mostró rápidamente interés, el gobierno nacional, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, tenía otros planes.
Con un rol activo del Estado, sumado a la magnitud de la reserva y el respaldo de un Congreso con mayoría oficialista, permitieron que CFK concretara un viejo anhelo: reestatizar YPF, la ex empresa estatal que estaba en manos de capitales privados y que era la llave maestra para desarrollar Vaca Muerta. Para darle sustento legal a la maniobra, la entonces presidenta envió al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% del capital accionario, con fundamento en la soberanía energética y amparado en la Ley de Hidrocarburos.
¿El motivo? La fuerte caída en las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol, que entre 1999 y fines de 2011 se redujeron un 54% en crudo y un 97% en gas. Además, CFK argumentó la falta de inversión y la escasa producción, que habían obligado al país a volver a importar hidrocarburos después de casi 30 años.
Un poco de historia
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue creada en 1922 como empresa estatal durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Fue la primera gran petrolera verticalmente integrada del mundo y convirtió a Argentina en el segundo país del planeta, después de la Unión Soviética, en contar con una compañía estatal de petróleo.
El ideólogo detrás del proyecto fue el coronel Enrique Mosconi, quien asumió la conducción de la empresa tras su creación y lideró el desarrollo de las primeras cuencas petroleras en la Patagonia, comenzando en Comodoro Rivadavia y luego en Plaza Huincul.
Casi 70 años después, YPF ya no tenía el vigor de sus primeras décadas. En 1991, durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, el paradigma cambió. Bajo una visión neoliberal, el gobierno peronista de entonces sostenía que las empresas estatales deficitarias debían privatizarse, e YPF fue incluida en ese proceso. La española Repsol se hizo con el 97,81% del paquete accionario mediante una oferta pública de adquisición (OPA) por unos 15.000 millones de dólares.
Dos décadas después, Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso el proyecto de ley de reestatización. Con mayoría en ambas cámaras, el trámite fue rápido: el 25 de abril de 2012, el Senado dio media sanción con 63 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones. El 3 de mayo, Diputados completó el proceso con 207 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones. YPF volvía al Estado.
¿Es legal?
La expropiación de una empresa privada por parte del estado nacional está contemplada en la Constitución Nacional en su artículo 17, que establece tres requisitos:
1) Tenga por causa la utilidad pública
2) Sea calificada por ley
3) Sea previamente indemnizada.
En el caso de YPF se cumplieron los dos primeros item y si bien el pago no fue previo, sí se acordó una retribución entre las partes que fue efectuada dos años después de sancionada la ley.
Y quién paga la cuenta
Una vez aprobada la ley, YPF pasó formalmente a manos del Estado argentino. Del 51% expropiado, un 49% fue destinado a las provincias y el 51% restante quedó bajo control del Estado Nacional. Sin embargo, aún quedaba pendiente definir el pago a Repsol. En 2014, tras casi dos años de negociaciones, se firmó un "Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación", por el cual Argentina acordó abonar 5.000 millones de dólares en bonos soberanos.
Repsol aceptó el acuerdo, transfirió la operación y se retiró. Sin embargo, otros accionistas minoritarios no fueron contemplados en el arreglo. En 2025, más de una década después, y con Vaca Muerta batiendo récords productivos mes a mes, el conflicto sigue abierto.
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Ese grupo de accionistas inició una demanda contra el Estado argentino, aunque luego vendió los derechos de litigio a empresas especializadas en este tipo de juicios: Burford Capital y Eton Park. Estos fondos, conocidos como “fondos buitre”, tomaron la posta. Dispuestos a sostener el reclamo durante años, Burford llevó el caso hasta 2025 con alegatos, apelaciones y múltiples presentaciones.
Finalmente, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó una sentencia en primera instancia que obliga a Argentina a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses. El fallo incluye una tasa de interés diaria cercana a los 2,5 millones de dólares, lo que llevó el total a superar los 17.000 millones.
El caso sumó un nuevo capítulo cuando el país no cumplió el pago y la jueza determinó que, como garantía, Argentina debía entregar parte de las acciones de YPF: en principio, un tercio, y luego se fijó el 51%, en un plazo de 14 días. El gobierno de Javier Milei anunció que apelará el fallo y pedirá la revisión de la sentencia.
